Fallo judicial de acceso a la información pública: el INDEC debe publicar ponderadores de 132 productos

La justicia intimó al INDEC a informar cómo calcula la inflaciónA raíz de un amparo presentado por la ADC, un fallo le había ordenado al organismo que publicara la metodología que utiliza para calcular el Índice de Precios al Consumidor. El INDEC no cumplió y, ahora, la justicia le dio veinte días para que proporcione esa información.

(Buenos Aires, 30 de junio de 2009) – En el marco de la causa judicial iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) por falta de acceso a la información pública contra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la justicia intimó al organismo a que cumpliera una sentencia judicial e informe, en un plazo de veinte días, la metodología que utiliza para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En su fallo, la jueza Claudia Rodríguez Vidal, del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal No. 3, ordenó al INDEC a que complete la información existente en su sitio web (http://www.indec.gov.ar/) respecto de los 132 productos cuyos precios componen el IPC y las variedades tenidas en cuenta para calcular el precio de cada producto. También solicitó que el organismo publicara las cinco canastas estacionales compuestas por productos adicionales y sus variedades que son incluidos en el IPC en distintos meses del año.


Antecedentes de la causa judicial

A través de un pedido de acceso a la información pública realizado en el marco del Decreto Nacional 1172/2003 (que regula la obtención de información pública dentro del Poder Ejecutivo Nacional), el 18 de julio de 2007, la ADC había solicitado al INDEC conocer cuál era la modalidad que el organismo utilizaba para el cálculo del IPC. Dicho pedido de información se había realizado en el contexto del Programa de Derecho a la Educación de la ADC, con el objeto de conocer el real índice de pobreza.

Ante el silencio oficial, la ADC interpuso una acción de amparo el 17 de agosto de 2007. En el marco de la causa judicial, el INDEC se limitó a mencionar el nombre técnicode la metodología utilizada para calcular el IPC (conocida como Metodología N° 13), sin especificar la modalidad ni las variables utilizadas para su cálculo.

En primera instancia judicial se hizo lugar al reclamo de la ADC y se ordenó al INDEC brindar la información solicitada. Sin embargo, el Estado apeló la decisión. En octubre de 2008, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia y exigió que el INDEC identificara los 132 productos cuyos precios componen el IPC y las variedades tenidas en cuenta para calcular el precio de cada producto.

Este fallo representa un avance destacado en el reconocimiento del derecho constitucional de toda persona a acceder a la información pública en poder del Estado. Con lo cual, la ADC destaca la imperiosa necesidad e importancia de la sanción de una ley nacional que regule adecuadamente los mecanismos para la obtención de información pública completa y veraz, esenciales para ejercer el adecuado nivel de monitoreo ciudadano sobre los distintos poderes del Estado.

Aquí el fallo
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Héctor Timerman: un boludo autóctono

En la primera semana de marzo, hemos conocido algunas noticias sobre la participación Argentina en una reunión internacional de Estadísticas en EEUU. En particular, la agencia de noticias oficial, Telam, le ha dado una amplia cobertura compensando la ausencia de interés en los diversos medios de comunicación: esto no es de extrañarse ya que la imagen pública del INDEC, al día de hoy, despierta en la comunidad todo tipo de sensaciones menos orgullo. En este contexto, el embajador Argentino ante E.E.U.U., Héctor Timerman defendió la comitiva encabezada por Edwin y secundada por Itzcovich y Paglieri, con las siguientes palabras:
"Es una irresponsabilidad de los políticos de la oposición, poner énfasis en el tema de las estadísticas, que es un tema científico, que tendría que estar al margen de cualquier debate político”
Dudamos si tan importante representante Argentino en el mundo conoce los antecedentes en producción de Estadística de Paglieri, por ejemplo, o las resoluciones emitidas por las facultades de Ciencias Exactas y Sociales de la UBA, entre otras entidades académicas y científicas que expresaron repudio a la intervención. Dudamos también si realmente cree es la oposición es quien tiene la mayor responsabilidad ante la crisis de las estadísticas públicas Argentinas. Pero continuamos leyendo:

"Uno de los objetivos fundamentales del encuentro, es estudiar cómo pueden ayudar las estadísticas a resolver el tema de la crisis global y al mismo tiempo, a establecer mecanismos que ayuden a evitar que estos ciclos de crisis se vuelvan a repetir", explicó Timerman. Destacó en ese sentido que "entre los temas que más se hablaron en las sesiones, estuvo la necesidad de no politizar las estadísticas".

Aquí ya no queda otra opción que incorporar a este funcionario en la antología de Boludos Autóctonos. Poner la cara por una gestión acorralda se puede comprender ponderando los escándalos innecesarios por defender una posición ideológica y un cargo tan importante. Pero por un lado la suposición de que un conjunto de estadísticas en las que no cree nadie pueden tener algún tipo de utilidad, sobre todo cuando se pretenden presentar como correctas y peor aún con una crisis de dimensiones incomprendidas y por otro la mención de la necesidad de no politizar estadísticas para destacar a pseudo-técnicos que no exhiben otros argumentos que no sean políticos para justificar cualquier distorsión en las mediciones, resulta hiriente para cualquier persona con un mínimo de pensamiento autónomo.

Al segundo día de la reunión, alguien le debe haber llamado la atención sobre sus exabruptos, porque redireccionó sus críticas con argumentos políticos.
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Recurso de CELS y otras entidades prestigiosas

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que publique las bases usuarias de la Encuesta Permanente de Hogares y de la Encuesta de Gastos de los Hogares. La presentación fue realizada junto a instituciones académicas como la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLA- UNLP), la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA) y el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED - Instituto de Investigaciones Económicas UBA). A estas instituciones se sumaron 33 investigadores y especialistas en políticas sociales y laborales.

Estas instituciones e investigadores son usuarios frecuentes de las bases de datos del INDEC a las que hoy no pueden acceder. Durante años, estas bases fueron las principales fuentes para el análisis de indicadores socioeconómicos tan sensibles como la pobreza e indigencia, el mercado de trabajo, la educación y la salud. La Encuesta Permanente de Hogares y la Encuesta de Gastos de los Hogares, históricamente a cargo del organismo, reúnen y analizan información sobre las características sociodemográficas de la población —vivienda, condiciones sanitarias, composición de los hogares, nivel educativo—, la inserción laboral de la fuerza de trabajo —condición de actividad, categoría ocupacional, ingresos, cobertura de seguridad social— y el gasto de las familias, lo cual permite profundizar el análisis de la pobreza y la distribución del ingreso.

Para Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS el objetivo del pedido “es promover la calidad, la difusión y el acceso la información estadística, en tanto esa información es un insumo clave para realizar investigaciones socioeconómicas y analizar el impacto de políticas sociales en un contexto en el cual la pobreza sigue siendo un problema no resuelto en Argentina”.

El primer pedido de informes al INDEC había sido presentado por el CELS el 25 de julio de 2008. La respuesta llegó casi seis meses después, el 18 de diciembre, y no alcanzó a satisfacer completamente ninguno de los puntos incluidos en la solicitud. El CELS insistió en este pedido de acceso, que fue rechazado formalmente. El recurso presentado ayer representa el último paso administrativo para obtener una respuesta. Ante una nueva negativa de las autoridades del organismo, sólo quedaría habilitado un reclamo judicial. Cabe recordar que el Estado se encuentra obligado a proporcionar la información solicitada ya que este pedido se efectúa teniendo en cuenta las condiciones de relevamiento y procesamiento de datos del INDEC y no refiere a datos confidenciales.

El derecho a la información vinculado específicamente con el acceso a la información pública surge del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referido a la libertad de expresión. También podemos encontrar expresas referencias en el artículo IV de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, referido a la libertad de investigación. Para el CELS, el ejercicio de este derecho es una herramienta clave para promover la participación y el debate vinculados con políticas públicas.

fuente: cels
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El poder se ejerce

Ya pasaron más de 2 años del comienzo de la nefasta intervención y en las últimas semanas, hemos tenido que asistir a una nueva serie de novedades en esta historia llena de sinrazones, estupidez, incompetencia y abusos. Por un lado, se ha dictado el procesamiento por “defraudación al Estado” de 2 compañeros que se han enfrentado a la intervención. Ellos son Graciela Bevacqua, última directora legítima del IPC hasta Enero de 2007 y Luciano Belforte, coordinador de ingresos hasta medidados de 2007 cuando fue desplazado por la intervención. Por el otro, en una suspicaz coincidencia, han vuelto a aparecer las citaciones para múltiples sumarios administrativos que se llevan contra trabajadores en lucha contra la intervención. El colmo del ridículo es un sumario que acusa a un conjunto de trabajadores de la toma del tercer piso (El de las oficinas del IPC). Como fue contado en este espacio, la manifestación de disconformidad con las autoridades ocurrió, pero el acto vandálico lo cometieron unos 50 personajes externos al Instituto, quienes comenzaron a golpear los armarios y los escritorios como bombos a la vez que entonaban la marcha peronista con la Directora Edwin como solista destacada. No hay noticias de ninguna investigación sobre la entrada de esa patota al Instituto, por supuesto.

Cualquier persona que conoce el ámbito estatal, se encuentra al tanto de la absoluta precariedad de recursos con la que se maneja hoy al empleo en el sector público: desde los 90 se encuentran congeladas las plantas y no se realizan concursos para promover la carrera administrativa. Este proceso de descomposición del aparato público que el Gobierno actual no modificó ni aún con un contexto económico muy favorable, es el caldo de cultivo de millones de injusticias, arbitrariedades e irregularidades. No hace falta indagar demasiado para saber quienes apoyaron e implementaron estas políticas en los años noventas, cuando explotó el descalabro: el gremio UPCN y la entonces Directora de Recursos Humanos del INDEC y actual interventora del Instituto: Ana María Edwin.
Sin contar los delitos de manipulación y violencia laboral que se vienen dando hace tiempo, también se podría agregar más elementos a la lista de irregularidades: una gran cantidad de contratos y viajes a familiares y conocidos sin experiencia, dobles contrataciones, y un instituto lleno de empleados que tienen como función custodiar los pasillos y desalojar manifestaciones. La justicia tuerta ha decidido avanzar solamente en las causas inventadas, exageradas o tergiversadas sobre los ciudadanos que, con virtudes y defectos y siempre en forma pacífica y en base a argumentos, defienden al patrimonio público.

Esta perversa descripción de la situación jurídica con respecto al INDEC suena muy conocida: La intervención del INDEC no puede considerarse en otra categoría que la de fetiche. Como son manipuladas las causas judiciales, cada vez más crece el estado de intervención y manipulación de Indicadores e incluso se amplía área de incumbencia del INDEC: donde hay que alterar alguna una información, el sello INDEC sugiere a los usuarios qué información debe descartarse para que el estudio sobre la coyuntura no sea serio.

La gran pregunta a esta altura, y con un Gobierno que sigue insistiendo en una política autodestructiva e inconducente, es a quién favorece este descalabro. Desde aquí nos cansamos de informar sobre las nefastas consecuencias para la Sociedad en general y sobre todo para la Clase Trabajadora. A dos años de inflación altísima, particularmente en alimentos, y alentada por la incertidumbre ante la falta de una medida confiable, los efectos sobre las tasas de pobreza e indigencia son innocultables. Por otro lado e indirectamente, la pérdida de competitividad del tipo de cambio, ha carcomido de hecho al modelo económico tan ponderado desde la autoridad, qué a esta altura no es más que una entelequia.
Otro efecto devastador sobre las expectativas es la pérdida de credibilidad del discurso ante la mentira sistematizada. Si bien el discurso oficial es el que más se resiente, hoy en día y luego de dos años, las brechas entre las distintas interpretaciones sobre los mismos fenómenos, son exacerbadas por las discrepancias ideológicas en un juego en el que todos pierden: el conflicto agropecuario es un claro ejemplo donde no parece haber ninguna intención de acuerdo. El reingreso de ideologías vetustas, desde las esbozadas por los responsables de los fracasos de la Argentina en las últimas décadas hasta la discusión sobre la pena de muerte o la construcción de muros, bien podrían ser asociados a este fenómeno de “orfandad de certezas”. Incluso, La fatal consecuencia de la que algunos llamaron política del avestruz, es la pérdida en los hechos de la capacidad de iniciativa política. No hace falta aclarar a qué intereses beneficia esta incapacidad del Gobierno.

Sin embargo, en el contexto actual de crisis mundial, el espacio para la demagogia será cada vez más estrecho: la crisis originada desde E.E.U.U. es bien real y una de las peores de los últimos 200 años, y probablemente sea mucho más condicionante que las periódicas crisis que se repiten en el país con mayor frecuencia desde el último golpe militar. En este contexto, la particular y fantasiosa (e irritante para muchos) inteligencia creativa de Kirchner podría resignificarse: el conflicto agrario, que en un comienzo se pareció más a una adaptación bastante libre de Frankenstein que a la reedición de la antinomia campo-ciudad vigente en el país desde su fundación, probablemente se agudice por motivos de real escasez y lleve a que en definitiva cada actor retome su rol histórico.

Como la solución de un origami en que pliegues y ensambles van resignificando los sentidos anteriores, la Presidenta tiene en la crisis una gran oportunidad para concretar las firmes ideas que declama en sus discursos, para dejar atrás una etapa de conductas autodesctructivas condicionadas por el legado del Gobierno anterior, el de su propio Marido. Para resolver el complejo escenario político que se le presenta deberá recomponer instrumentos básicos de la gestión, y el escándalo INDEC es un problema de una urgencia suprema, pero no el único. En cualquier escenario de resultado electoral, la continuidad de las fracasadas políticas coercitivas, con una inefectividad casi total en los últimos años, deberán dar paso a una nueva etapa en la que, en sintonía con el resto de los países, la revalorización del rol del Estado sea una política de gestión liderada por la presidenta y no una expresión de deseo como podría pronunciar cualquier ciudadano. La revindicación histórica, casi la única aspiración a la que el Kirchnerismo problablemente tenga acceso hoy, depende mucho de cada decisión que la presidenta tome de ahora en más.

Para comenzar el arduo camino hacia una solución definitiva, la separación del cargo de los responsables del desfalco, la expulsión de la patota, la anulación de las burdas causas persecutorias y el disciplinamiento salarial, más el llamado a consulta con expertos (externos, desplazados, renunciados) son los primeros pasos en una ardua tarea de reconstrucción de la estructura técnica del Instituto.

Argentina se encuentra en una endeble situación argumental para defender sus intereses a nivel Internacional. Recomponer estas capacidades debería considerarse fundamental para hacer valer derechos absolutmante legítimos del país frente a prácticas irresponsables llevadas a cabo por organismos internacionales y dirigentes autóctonos despreocupados por el interés soberano. Los responsables de las decisiones políticas que condujeron a este desprestigio del país a través de la intervención del Instituto de Estadísticas, bien podrían dedicar sus esfuerzos exclusivamente a facilitar las condiciones para reconstruir esas relaciones de confianza y abandonar sus vigorosos esfuerzos en disciplinar las cuestiones de política interior.
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Claudio Comari: un boludo autóctono

Claudio Comari ha entrado al Instituto luego de la intervención. Su antecedentes en la elaboración de estadísticas son nulos, sin embargo desde el principio se lo nombró en la Dirección Nacional de Condiciones de Vida, de la que dependen el IPC, la EPH y la ENGHO. Su caso es bien distinto a Norberto Itzcovich: el no está destruyendo una carrera en la comunidad estadística ya que nunca la tuvo. Sin embargo, en su nueva función de columnista de cash, pretende iniciar un debate esteril. Como muchas veces a lo largo de la indefendible intervención, se mezclan conceptos verosímiles (la imposibilidad de la "neutralidad") con tergiversaciones y mentiras puras. No vale la pena mencionar las diferencias entre la designación de un militante político como él en un cargo directivo y , por ejemplo, la de profesionales con décadas en el instituto, mas allá de sus preferencias políticas. Tampoco ahondar en sus argumentos: lo realmente alarmante de su nota no es que defienda sus intereses, sino que el boludo pretenda tomar a los lectores como parte de su propia condición. La impunidad con la que se refiere a a la veracidad de los indicadores adulterados, además de contradecirse con los párrafos iniciales de su artículo, refleja la gravísima conducta de la intervención y su incapacidad para encontrar salidas realistas a la crisis. La reiteración de mentiras en las que ya no cree nadie sumerge cada vez más al Instituto (y al Gobierno, que replica los estúpidos argumentos) en el pantanoso terreno del ridículo. La pregunta es: ¿entre ellos se hablarán así? ¿hablarán de lo barato que cuesta la comida y del éxito de las políticas antinflacionarias? ¿de lo bien que argentina esquiva las esquirlas de la crisis internacional? Lo grave de la continuidad de conductas rallanas a la demencia, políticamente hablando, es ser conducidos por personas que desprecian a la realidad, aunque esta sea inexcrutable y "parcializada por la ideología". Podríamos dudar incluso que estas personas estén haciendo Política, ya que ésta es el arte de transformar de la realidad, más allá que este energúmeno pretenda confundirla con el artesanísimo trabajo de distorsionar las percepciones. La omnipotente y oprobiosa pretensión de tomar la palabra pública para convencer sobre la veracidad de los indicadores, no hace más que magnificar la potencia del golpe que recibirán cuando la situación no permita más burlas. ¿Cual será la rabia que sentirá un trabajador que ya no puede acceder a una canasta básica para su familia al momento que el INDEC publica información sobre la incompatible mejora en las condiciones de vida de la población?

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