Acceso a la información pública: Importante fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones sobre el IPC

Gacetilla de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles):

La Cámara Nacional de Apelaciones ordenó al INDEC que identifique los 132 productos cuyos precios componen el IPC y las variedades tenidas en cuenta para calcular el precio de cada producto. El IPC es el principal indicador para medir la inflación.

(Buenos Aires, 17 de octubre de 2008) – En el marco de la causa judicial iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) por falta de acceso a la información pública contra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que el INDEC deberá identificar cada uno de los 132 productos cuyos precios componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, tendrá que informar sobre las variedades que se utilizan para calcular el precio de cada producto y sus respectivas ponderaciones. Esta información deberá ser difundida públicamente.

Durante el proceso judicial el INDEC sostuvo que la metodología para el cálculo del IPC, base 1999=100 (conocida como Metodología No. 13), reviste carácter público y puede ser consultada en su biblioteca. Sin embargo, en mayo de este año el INDEC realizó una actualización metodológica a partir de la cual el cálculo del IPC tiene base Abril 2008=100. El tribunal alertó sobre esta modificación, poniendo atención en que con ella el INDEC redujo a 132 la cantidad de productos (de los 182 identificados hasta ese momento), y disminuyó de 818 a 440 la cantidad de variedades consideradas al calcular el precio de los productos.

La Justicia aclaró que las razones de orden político, científico y técnico que hayan llevado al INDEC a actualizar la metodología no están en tela de juicio, pero ciertamente ellas modifican el método contenido en el Informe Metodológico N° 13 y conforman uno nuevo. De modo que, sin conocerlas, no es posible comprender en base a qué factores el INDEC calcula los nuevos índices de precios al consumidor.

En este sentido, exhortó al Organismo a que cada vez que de a conocer los índices de precios informe sobre las 440 variedades concretamente ponderadas para realizar el cálculo.

Sobre la difusión de los cambios introducidos en la metodología, el tribunal señaló que si al contestar la solicitud de información el INDEC sostuvo que el método utilizado era el contenido en el Informe Metodológico N° 13 y después lo modificó, “tales modificaciones deben ser incorporadas y dadas a publicidad por los mismos medios y de la misma manera”.

Derecho de Acceso a la Información Pública

Esta es una de las primeras sentencias donde un tribunal se pronuncia tan ampliamente respecto del Derecho de Acceso a la Información P ública, principal planteo que realizó la ADC en su demanda. Uno de los integrantes del tribunal, el juez Gallegos Fedriani, sostuvo que “el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta posee y que pueden afectar a sus derechos e intereses legítimos y/o a las condiciones en que se desenvuelve su vida, constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho”.

Asimismo, enfatizó “si el derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental, entonces el Estado debe en primer término abstenerse de obstaculizarlo directa o indirectamente mediante restricciones infundadas. En segundo plano, el Estado deberá adoptar medidas positivas concretas que tiendan a afianzar y garantizar el libre acceso a la información pública. Por ejemplo, regular mediante una ley la modulación del derecho de acceso y las posibles restricciones”.

Antecedentes de la causa judicial

A través de un pedido de acceso a la información pública presentado el 18 de julio de 2007, la ADC había solicitado al INDEC conocer cuál era la modalidad que el organismo utilizaba para el cálculo del IPC. Dicho pedido de información se había realizado en el contexto del Programa de Derecho a la Educación de la ADC, con el objeto de conocer el real índice de pobreza.

Ante el silencio oficial, la ADC interpuso una acción de amparo el 17 de agosto de 2007. Si bien luego de interpuesta la demanda, el INDEC respondió, limitó su contestación a mencionar cuál era la metodología utilizada para calcular el IPC, sin especificar las modificaciones efectuadas.

En primera instancia judicial se hizo lugar al reclamo de la ADC y se ordenó al INDEC brindar la información solicitada. Sin embargo, el Estado apeló la decisión.

Esta resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, es una decisión de segunda instancia que sólo podría ser apelada por el Estado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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LA TRANSPARENCIA OSCURECIDA

Tanta espera, tanta fiesta en Pilar, tanto sigilo, tantos recursos para un índice que tiene como año base un mes, que no puede dar al menos la misma cantidad de información que el base 1999, que no puede dar un sólo precio promedio (aunque sea del pan, la leche el asado el paquete de fideos), con un comunicado de prensa es paupérrimo: de 11 páginas en el base 1999 a 7 páginas en el base abril 2008.

Pero fundamentalmente no se dieron a conocer:

• Las ponderaciones de los 9 capítulos fundamentales de cualquier índice de precios al consumidor: Alimentos, Indumentaria, Vivienda, Equipamiento de los hogares, Salud, Transporte y Comunicaciones, Esparcimiento, Educación y Gastos Varios.
• Cuál es la población de referencia del índice, es decir, no se sabe a que grupo de población supuestamente representa.
• Cómo se elaboraron las canastas móviles de frutas, verduras e indumentaria.
• Cuáles fueron y serán los criterios para determinar las ponderaciones móviles.
• Cuál ha sido el coeficiente de empalme entre el índice base 1999 y el índice base abril 2008.

Además:

• No se empalmaron los índices de los capítulos de Alimentos y bebidas, Indumentaria, Vivienda, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Transporte y Comunicaciones, Esparcimiento, Educación y Bienes y servicios varios, base 1999 en base abril 2008. Para estos capítulos existe una serie empalmada desde 1913.
• No se calcularon las variaciones por capítulo respecto a diciembre de 2007.
• No se pudieron reproducir las variaciones porcentuales respeto al mes anterior desde enero de 2007 hasta abril de 2008 en la serie de los índices correspondientes a los bienes estacionales, bienes y servicios regulados y de resto del IPC.
• No se explicitó una metodología consistente. Sólo se consignó una “Nota metodológica” que consta de 7 párrafos y 21 renglones.
• No indicó cuales fueron los criterios metodológicos para determinar la nueva muestra de informantes y cuál es tu tamaño.
• No se incluyeron los artículos que tuvieron las variaciones de precios más importantes.
• No se consignó cuales han sido los nuevos parámetros para organizar el trabajo de recolección de los precios.
• Se restringió el acceso a la información al publicar menos aperturas del índice. Por ejemplo no se publica ninguna apertura para Equipamiento del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Otros bienes y servicios.
• No se indicó si la información faltante con respecto a los índices y variaciones de las principales aperturas se debe a que publicó información a un nivel de agregación mayor o a que algunos bienes y servicios dejaron de formar parte de la canasta del índice (por ejemplo, alimentos y bebidas para consumir fuera del hogar).
• No se publican precios de ningún bien de los considerados de consumo básico, por ejemplo: pan, galletitas, leche, asado, carne picada, lechuga, papa, cebolla manzanas, bananas, leche, manteca, queso, etc. Existen precios publicados desde 1913.

Históricamente, en Argentina, cada vez que se implementaba un nuevo índice se evaluaban e incorporaban mejoras metodológicas y operativas que consideraban las recomendaciones que desde 1926 realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y más recientemente la Unión Europea a través de su oficina de estadísticas (EUROSTAT), que reflejan los avances que realizan las oficinas de estadística de distintos países. También se tenían en cuenta los estudios que se daban en los propios equipos de trabajo del INDEC.

Hoy vemos un retroceso en lo metodológico pero fundamentalmente se ha coartado el acceso a información pertinente, veraz y oportuna.

El nuevo IPC base abril 2008 no pudo despejar ninguna duda, muy por el contrario, ha confirmado que el IPC es una farsa, un dibujo, un invento que no tiene ningún sustento conceptual ni metodológico.

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Documento Nº5 de la ComisiónTécnica de ATE- INDEC: Variación de precios según la estructura de gastos por quintil de ingresos 2007

El objetivo del presente trabajo es conocer cómo afectó la inflación a hogares con diferentes niveles de ingresos durante el año 2007. Replicando los métodos utilizados para las estimaciones del IPC-GBA en el Documento Nº4, pero aplicados a las canastas de consumo de los distintos quintiles de ingreso, avanzamos en la estimación de las características del proceso de evolución de precios durante el año 2007.

En el Documento N°4, “Ejercicio alternativo ante la imposibilidad del cálculo del IPC GBA debido a la intervención del INDEC” (29/01/2008) los miembros de la ComisiónTécnica ATE-INDEC, hemos considerado tres alternativas para estimar los índices deNivel General y Capítulos que se hubieran obtenido de calcular el IPC-GBA del año2007 con la metodología vigente hasta Diciembre de 2006, ante la falta de datos confiables como resultado de la intervención en el INDEC. En el trabajo se obtiene una estimación confiable a nivel de capítulo a partir de los datos oficiales correspondientes a la provincia de Mendoza hasta el mes de Septiembre de 2007.

Algunas conclusiones

- Mientras que para el quintil 5, el aumento de precios impactó menos que al promedio de la población de referencia del IPC-GBA (entre 20,4% y 24,5%), el quintil 1 fue afectado más profundamente que el resto de los quintiles (entre 25,8% y 29,3%).

- Si bien la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos se calcula habitualmente teniendo en cuenta el movimiento de los precios de la canasta de consumo de toda la población de referencia, el hecho de que los precios bienes y servicios que consumen los quintiles de menores ingresos hayan sufrido un proceso inflacionario más marcado implica que sus ingresos han perdido más poder de compra en relación con sus propias canastas de consumo.

- Teniendo en cuenta las versiones que circulan acerca de algunas de las características del “Nuevo IPC”, si sólo se hubiera tomado como población de referencia la de los quintiles 1, 2 y 3 (el 60% de los hogares de menores ingresos), el IPC, sin manipulación de los datos, hubiera resultado mayor que para el total de la población de referencia.

- La evolución del IPC-GBA por quintiles se puede analizar para el período 2002 – 2006 ya que la información de prensa fue publicada trimestral y semestralmente. En el caso del año 2007, dado que aún se dispone de alguna información confiable para varios meses, es posible realizar ejercicios de estimación. Sin embargo, a partir de 2008 ya no se podrá realizar este análisis. Es importante mencionar esto, ya que la perspectiva de publicación indica que la oferta de indicadores se reduciría a partir de 2008 en lugar de extenderse, como sugieren los manuales de recomendaciones internacionales en materia de estadísticas públicas. Es más, según lo anunciado sobre el “Nuevo IPC”, sólo se recabará la información en base a los gastos de consumo de los tres primeros quintiles y se perderá la posibilidad de comparación con los otros niveles de ingreso.

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NUEVO Indice - Vieja MENTIRA

¡¡NUEVO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR VIEJA MENTIRA!!

Invitamos a todos al abrazo al INDEC el martes 10, día en que se va a dar a conocer el índice de mayo, a las 13 horas, Julio A. Roca y Perú.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos está sumido en una crisis institucional sin precedentes, que se inicia en enero de 2007 con la intervención del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que se extendió a muchos otros programas del Instituto (Pobreza e Indigencia, Estimador Industrial, Cuentas Nacionales, Censo Agropecuario etc).

Los trabajadores del INDEC nos opusimos de manera decidida a la intervención, en defensa de la calidad de las estadísticas públicas brindadas a toda la población desde hace 17 meses.

Este conflicto nos ha valido ser víctimas de un muy intenso hostigamiento laboral y avasallamiento de nuestros derechos: presencia de matones, represión policial, descuentos indebidos de nuestras remuneraciones, desplazamiento de compañeros capacitados, ingreso masivo de personal nuevo con el objeto de reemplazar a quienes nos negamos a mentir a la población y, finalmente, el despido de catorce compañeros. Compañeros que han sido declarantes ante la Fiscalía Administrativa, causa que hoy se encuentra en manos del juez Canicoba Corral sin ningún avance.

Todos estos ataques violaron y violan sistemáticamente los acuerdos entre nuestro sindicato ATE y la CTA con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía realizados en Julio-Octubre del 2007.

Los trabajadores del INDEC junto a su Junta Interna se pronuncian por:

• La defensa de las Estadísticas Públicas: No al Desmantelamiento del INDEC.
• Por la renuncia de la Directora Ana Edwin y el retiro de toda la intervención en el Instituto
• Por la reincorporación de todos los despedidos y la reposición a sus lugares de trabajo de los compañeros reubicados transitoriamente en el Ministerio de Economía.
• Por el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía: continuidad laboral, pase a resolución 48 de todos los contratados, fin de las represalias.
• Por un aumento de emergencia, el 35% para todos los estatales y el pase a planta permanente de todos transitorios y contratados.

Junta Interna de delegados ATE – INDEC

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Nuevo IPC - Abrazo al INDEC

Los invitamos a acompañarnos el próximo martes 10 de junio a las 13hs en el Abrazo al INDEC (Julio A. Roca 609). Ese día se estrenará la nueva metodedología del Índice de Precios al Consumidor. La expresión pública del repudio de toda la sociedad a esta nueva estafa es imprescindible para detener el proceso de destrucción de las estadísticas públicas.

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Nuevo IPC - Nuevo Escándalo

Para el próximo martes 10 de Junio está anunciada la publicación del IPC de mayo, calculado en base a una nueva metodedología. Si bien nadie conoce con certeza en qué consistirá esta nueva mentira, los anuncios que se hicieron ya sumaron muchas críticas.
Copiamos acá el link a la reproducción de una interesante entrevista a Jacob Ryten, experto en Índices de Precios al Consumidor mundialmente reconocido.
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El Nuevo IPC (Indice de Percepciones Conculcadas)

El miércoles 7 de mayo, comenzó la campaña de presentación de un nuevo Indice de Precios al Consumidor por parte de las autoridades del país. El evento se publicitó con 1 día de antelación y se llevó a cabo en un importante hotel en la ciudad de Pilar, a más de 30km de la ciudad de Buenos Aires. Con la escenografía de 200 afiliados a UPCN (a quienes se les controló la asistencia) y en medio de un operativo de seguridad dirigido por el polifuncional subdirector Hernán Brahim, quien controlaba y decidía el ingreso de los periodistas, se montó una pintoresca “jornada Internacional de Indices de Precios al Consumidor”. Las anfitrionas Beatriz Paglieri y Ana María Edwin, presentaron la apertura y el cierre de la jornada, esta última a cargo del Jefe de Gabinete, Alberto Fernandez. Expertos de España, Estados Unidos y Francia fueron los oradores invitados en el evento.

Sin embargo, el ridículo espectáculo montado no va a lograr el objetivo anhelado: el problema de la falta de credibilidad que aqueja al INDEC de hoy es previo a lo metodológico. Las metodologías son siempre discutibles y nunca están exentas de sesgos ideológicos. De todas maneras, las diferencias entre los distintos criterios metodológicos consensuados internacionalmente que se pueden utilizar, deben intentar neutralizar dichos sesgos y no deberían mostrar contradicciones como las que se vieron entre los Indices de Mendoza y GBA en 2007. El Indice de Precios al consumidor mide la evolución de los precios, y si hoy el kilo de papas cuesta 3,50$ y a fines de 2006 costaba 1,02$, cualquier metodología confiable debería informar un aumento cercano al 250%. Aunque esto no quiere decir de ninguna forma que el Indice General haya aumentado en la misma magnitud; las agregaciones son promedios ponderados, y precios que suben poco o que bajan pueden compensar precios que suben mucho.

El problema del INDEC no se arregla con un cambio metodológico: tiene que ser un cambio hacia la credibilidad y las personas que lo implementen tienen que ser una garantía para los distintos actores sociales. Pero la credibilidad es un bien preciado y no cualquiera está dispuesto a despilfarrarla: en opiniones al Diario Crítica, 3 de los “expertos” invitados por la actual Dirección del INDEC se desentendieron de la situación particular del IPC Argentino.

Una vez más, el respaldo del jefe de gabinete no logró jerarquizar el acto sino, por el contrario, produjo un desgaste en su propia imagen al prestarse a un evento berreta, en el que se gastó más energía en intentar quitar credibilidad a la gestión anterior, que en intentar convencer de que el nuevo Indice estará libre de interferencia política, requisito imprescindible para que sea efectiva toda renovación. La sensación que quisieron transmitir, resaltando problemas de la gestión y la metodología anteriores -algunos atendibles y otros exagerados o directamente inventados-, es que la intervención habría sido instrumentada para resolver esos problemas. La destrucción de credibilidad y el desmantelamiento institucional -con costos invaluables para el patrimonio nacional- para solucionar este problema, sin embargo, hacen inverosímil el argumento. Si existiera una real intención de solucionar la crisis, la primer medida debería ser la suspensión de los cargos a los responsables de este desfalco que ha costado al país la pérdida de una institución que a pesar de sus limitaciones funcionaba relativamente bien y gozaba de un buen nivel de credibilidad interna y externa .

Un análisis técnico de los anuncios resulta prematuro, dada la falta de información y la vaguedad con la que fueron expresados. Sin embargo, los pocos anuncios realizados no apuntan a mejorar la transparencia de los procesos, otra medida indispensable para la recuperación de credibilidad, sino todo lo contrario. La publicación de precios promedios publicados de un conjunto de variedades que se publican habitualmente, se convirtieron en una clara evidencia de manipulación. La decisión de dejar de publicarlos, sólo puede implicar un retroceso en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, dado el descrédito generalizado. Otro retroceso (en transparencia, capacidad explicativa y utilidad) es el que implica la decisión de tomar precios que representen sólo el consumo de una parte de la población, abandonando el Indice que representa a todos los sectores sociales, como bien explicaron los técnicos de ATE-INDEC en un documento. El trascendido de la discontinuidad del programa IPC Nacional, implica otro retroceso en el mismo sentido para el cual ni si quiera se ensayan justificaciones.

Pero, con seguridad, la caracterización de problemas del IPC vigente (que según el Discurso esgrimido, tendía a sobreestimar la inflación) no va a satisfacer a quienes desconfían de la veracidad de la información, porque no explica el problema que preocupa a todos a partir de 2007: la sistemática subestimación de la inflación y el problema de cómo se asimilará esa distorsión en el Indice presentado.

El problema de las estadísticas públicas debe manejarse con responsabilidad y pericia técnica mientras las causas judiciales deben avanzar sobre los responsables. De nada servirán los esfuerzos que busquen soluciones parciales o teñidas de cortoplacismo político. La reconstrucción requerirá diálogo y la aceptación de diversos matices que deben ser contemplados y consensuados a través de una discusión amplia que trascienda lo metodológico y busque una salida a la crisis institucional. La vuelta a la racionalidad es urgente para morigerar los daños que este perverso autismo sigue ocasionando a la vida pública.

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Estructuras demagógicas

Plutocracia (del gr. πλουτοκρατíα, gobierno de los ricos). Preponderancia de los ricos en el gobierno del Estado. Predominio de la clase más rica de un país.


Democracia (del gr. δημοκρατíα). Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

Demagogia (del gr. δημαγωγíα). Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder.

Entre los distintos argumentos que las autoridades intentaron esgrimir para justificar la injustificable destrucción de las estadísticas públicas, y en particular del Índice de Precios al Consumidor, está el pseudo metodológico referido a un supuesto sesgo plutocrático del IPC.





Plutocrática es una de las maneras en que se puede llamar a la forma en que se construyen las estructuras de gastos (es decir, la distribución del gasto total entre distintos grupos de bienes y servicios) que determinan la ponderación con que cada producto participa en el cálculo del índice. Las estructuras “plutocráticas” surgen de sumar el gasto del total de los hogares en cada bien o servicio, y dividirlo por el gasto total del conjunto de los hogares. De esta manera se obtiene una estructura promedio, que representa el peso que cada artículo tiene en el gasto total. El nombre surge del hecho de que, con esta fórmula, los hogares pesan según su nivel de gasto en la estructura promedio. Es decir, mientras más gasta – más rico es - un hogar, más va a incidir su estructura de gastos en la determinación de la estructura promedio.

En este discurso, las estructuras “plutocráticas” aparecen contrapuestas a las estructuras “democráticas”, que consisten en calcular, a nivel de cada hogar, la participación de cada gasto en el total, y luego hacer un promedio del porcentaje que representa cada uno. En este caso, el nivel de gasto de cada hogar no incide en el peso que éste tiene en la determinación de la estructura promedio, por lo que los hogares que menos gastan – los más pobres - estarían mejor representados. Si las estructuras de gasto se calculan de esta manera, el resultado parece mostrar una situación en la que el bienestar de los hogares es menor: mientras más pobre es una sociedad, mayor es el porcentaje del gasto total destinado a alimentos, y menos lo que puede destinar, por ejemplo, a esparcimiento o educación.


Gráfico: Estructuras de gastos de los hogares

Fuente: Elaboración propia en base a ENGH 1996/1997 - INDEC

El “sesgo plutocrático” del que se habla se refiere, entonces, al hecho de que en esas estructuras están mejor representados los hogares que más gastan.

Ambos tipos estructuras son indicadores válidos, que muestran cosas diferentes. Mientras que las estructuras “plutocráticas” indican la forma en que se distribuye el gasto agregado de las familias en una economía, las estructuras “democráticas” son un indicador de las condiciones de vida medias de esos hogares. Si se analizan las diferencias entre ambos, se obtiene una aproximación a la distribución del bienestar. Cuando ambos indicadores difieren mucho, es porque los hogares más ricos pueden gastar mucho más que los hogares más pobres, de manera que su peso relativo cambia significativamente según se sumen los gastos o se promedien los porcentajes de gasto que cada hogar destina a satisfacer diferentes necesidades. Al ser indicadores diferentes, los usos que se les pueden dar son, obviamente, distintos. Por lo tanto la forma en que se calculen las estructuras depende del uso que se les quiera dar.

El IPC es un indicador de la evolución general de los precios, que se utiliza como insumo para las Cuentas Nacionales y como indicador para realizar, entre otras, políticas monetarias (por ejemplo, para decidir cuántos billetes y monedas deben ponerse en circulación para satisfacer las necesidades de efectivo de la economía). Como indicador macroeconómico, debe tener en cuenta las magnitudes agregadas, que dan cuenta del comportamiento de la economía en su conjunto. Es por esa razón, entre otras de orden técnico, que los IPC se calculan, no sólo en Argentina, en base a ponderaciones que surgen de estructuras de gasto “plutocráticas” y esto no significa en absoluto que no se tenga en cuenta lo que ocurre con los hogares más pobres, ya que la situación relativa de los distintos grupos de hogares puede evaluarse, también, a partir de estos índices, como explica un documento de la comisión técnica de ATE-INDEC. Pero no debe olvidarse que el objetivo fundamental del IPC sigue siendo dar cuenta de la evolución de la inflación, y no de las condiciones de vida de la población.

Reemplazar un IPC “plutocrático” por otro “democrático”, no equivale a democratizar el acceso al bienestar, sino a perder un indicador macroeconómico fundamental para el diseño de políticas económicas y sociales, que son las herramientas de las que disponen los gobiernos para incidir en la distribución del ingreso y las posibilidades de consumo de todos los hogares. Pero además, y como dijimos en varias oportunidades, la disponibilidad de más indicadores es bienvenida, mientras esto no implique la pérdida de los indicadores previamente existentes, y mucho menos la destrucción lisa y llana de la credibilidad institucional.

Estos términos técnicos, enunciados de manera irresponsable, sin explicar qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos, y aprovechando la carga valorativa implícita que llevan en su uso vulgar, se están utilizando para engañar y ocultar la torpeza de las acciones autoritarias que se están llevando a cabo en el INDEC hace ya más de un año, y seguir postergando la verdadera discusión metodológica que las autoridades se empecinan en evitar. Es una muestra más de la perversa retórica que busca esconder las desigualdades en argucias estadísticas, ocultando la realidad, de la misma manera que eligieron intervenir un indicador, argumentando que se encontraba desactualizado, para difundir mentiras cuando empezó a devolver resultados incómodos.

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Documento de la Comisión Técnica ATE-INDEC: el Nuevo IPC: ¿un índice popular?

El Nuevo IPC: ¿un índice popular?

La implementación de un único índice de precios calculado sobre una canasta restringida y representativa de los sectores populares en reemplazo de un “sistema de precios” vigente que proyectaba ampliarse durante el año 2007 representaría un evidente retroceso en el normal desarrollo de estadísticas de precios seguido hasta el momento, tanto por el INDEC como por las experiencias de los países más desarrollados. Por ende, sería sumamente perjudicial para el desarrollo estadístico del Instituto y para los numerosos usuarios de dicho indicador.
Al respecto, el documento se refiere a dos de las consecuencias importantes que implicaría la adopción de tal estrategia. Por un lado, se perdería el mejor indicador existente para calcular la inflación: un indicador reducido no podría servir para estimar dicho concepto. Por otro, al disminuir la oferta de índices se restringiría notablemente la capacidad para desarrollar estudios específicos, como los de impacto distributivo de los aumentos de precios. Desarrollaremos más extensamente estas cuestiones.

Como primera consecuencia, entonces, se perdería el indicador más representativo de la inflación, debido a que si lo que registra el nuevo indicador es la evolución de los precios de una canasta restringida, no se tendría en cuenta una importantísima proporción del consumo de los hogares. Por ende, los usuarios más importantes de este insumo dejarían de contar con una fuente de información difícil de sustituir, como se ve en los casos que siguen:

• Un índice de precios que no mida la evolución de los precios de todo el consumo de los hogares, no se podría tomar como parámetro para armar un programa monetario. Por ejemplo, si el indicador arrojara un resultado menor a la inflación real, se estaría subestimando el efecto de una política monetaria expansiva. En otras palabras, se pensaría que el margen para emitir moneda sin acelerar la inflación real es mayor, de manera que, de no mediar información de otras fuentes, podría estar acelerándose la inflación aún más, sólo por desconocimiento de la situación real. Lo contrario ocurriría si se diera la inversa: una sobreestimación de la inflación podría convertirse en un freno al crecimiento por escasez de circulante.
• Las cuentas nacionales, que calculan el nivel agregado de actividad, contarían con información parcial y sesgada. No es posible determinar de antemano en qué sentido incidiría un IPC restringido. En cambio, significa la interrupción de fuentes de información o incluso la aplicación de variaciones de precios erróneas a diferentes rubros, lo que podría llevar a una subestimación o sobreestimación de los valores reales.
• La actividad privada también se vería afectada. Los proyectos de inversión que calculen su rentabilidad utilizando un índice de precios diferente al real perderán una base cierta sobre la cual tomar las decisiones, o bien, deberán incluir en su ecuación el costo de recabar información fehaciente por vías privadas.
• Al desconocerse el real incremento de los precios internos, el tipo de cambio real estaría distorsionado y se dificultaría la evaluación de las políticas comerciales.
Como segunda consecuencia, al restringirse el sistema a un único indicador, se perdería información valiosa sobre la manera en que la inflación afecta a los distintos sectores de hogares, y por ende se privaría a los distintos usuarios de una referencia inestimable. Así, por ejemplo:
• En las negociaciones –salariales o de otro tipo– que se realizan a los efectos de mantener el valor (poder de compra), las partes perderán asimismo un criterio sobre el cual acordar. Si bien los acuerdos salariales pueden realizarse sobre distintas bases (no necesariamente el IPC de la canasta promedio, ni los índices desagregados), la variación del IPC es, por lo general, la más tenida en cuenta. Además, no contar con información desagregada por quintiles impediría a las partes tener alternativas al indicador único. Tal como se demostró en el documento, en épocas en que la inflación es empujada por el incremento de precios de los alimentos, como fue el caso del año 2002, los hogares de ingresos bajos sufrieron sus efectos de manera más acentuada que el resto de la población. En el marco de una negociación salarial o por la recomposición de un subsidio, estos sectores hubieran podido solicitar que se les reconstituyera el poder de compra perdido de acuerdo a estos datos oficiales.
• En el marco del análisis de la distribución del ingreso, la inexistencia de información desagregada y el hecho de no contar con un marco de referencia frente al cual compararse, como es el IPC para la canasta promedio, un único indicador de precios perdería toda capacidad analítica cuando se desea conocer el impacto distributivo de los incrementos de precios. Así se pierde una herramienta imprescindible para evaluar la necesidad y el impacto de las políticas redistributivas.

Por otra parte, si lo que se busca es una verdadera mejora en la calidad de la información y recuperar el prestigio del Instituto, entonces antes que restringir la información debe ampliarse su oferta.

• Siempre que se actualiza y perfecciona una metodología, los nuevos indicadores deben complementar a los anteriores, no sustituirlos. Ampliar la base de información supone respeto por los ciudadanos, reconocerlos adultos y libres para elegir.
• Por lo tanto, aprovechando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005 se debería incrementar la diversidad de indicadores de precios y su cobertura –tanto geográfica como de la población de referencia - además de ampliar el sistema estadístico mediante indicadores complementarios en función de las crecientes necesidades que impone la evolución de la situación económica y social, que a medida que se desarrolla se vuelve cada vez más compleja.
• En este sentido el Índice de Precios al Consumidor Nacional debería continuar el proceso de extensión iniciado con la ENGH 1996-1997, incorporando otras regiones y considerarse la posibilidad de construir índices regionales. Actualmente, el IPC Nacional se calcula sobre información recabada en 10 aglomerados, cubriendo el 83,1% del gasto del país. El diseño del Índice debería contemplar que cada aglomerado es parte de estos índices regionales y orientar la asignación de recursos para la elaboración de la mayor cantidad de indicadores.

Es motivo de perplejidad y preocupación el estricto hermetismo con que un grupo de allegados a la intervención del INDEC define la nueva metodología del IPC, al margen de los controles y debate públicos acostumbrados a lo largo de la trayectoria del Instituto, y como es usual en todas las oficinas de estadística del mundo. En este sentido, en torno al “nuevo IPC” que se afirma comenzará a hacerse público en breve, todavía no se especificó su cobertura geográfica, ni la forma en que se determinó la población de referencia para armar una canasta “popular”, ni cómo se seleccionarán las nuevas muestras, ni si se harán cambios en las fórmulas de cálculo, ni ningún otro procedimiento metodológico.

Una mirada global al proceso permite concluir que se está tratando de consolidar la maniobra que apunta a contar con indicadores políticos. Si no se detiene la manipulación y el desmantelamiento del INDEC ya no sólo se tendrán datos puntuales falseados, sino que se continuará avanzando hacia un sistema de indicadores que en lugar de reportar verazmente lo que ocurre en la realidad, responda a intereses políticos ajenos a la responsabilidad institucional del INDEC. No se cuestiona que el gobierno, como usuario importante de información, realice requerimientos de nueva información estadística para la formulación de políticas: lo que es inadmisible es que a través de la intervención del organismo se esté afectando la base misma de producción de los indicadores, y el Sistema Estadístico Nacional como tal. Lo que estará falseado entonces no será ya el producto, sino la máquina que lo fabrica.

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Documento sobre el nuevo IPC de la comisión técnica ATE-INDEC

En el marco de la comisión bicameral, la Junta Interna ATE-INDEC presenta este documento elaborado por la comisión técnica:
el nuevo IPC
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Detrás del espejo

Transcurrieron 3 días “tranquilos” desde la firma del acta, que no establecía ningún compromiso concreto por parte de las autoridades más que anular las medidas de represalia. Es que durante esos días se presentaron en el INDEC funcionarios del INE (Instituto de Estadísticas de España). Su objetivo: Explicar la metodología del IPC que utilizan en España, contrariamente a lo que quiere hacer creer Edwin, ellos no integran ni avalan ninguna comisión encargada de resolver la aberración cometida en el IPC-2007. A la reunión no concurrió ninguno de los técnicos con conocimiento de la metodología de los IPC Argentinos, hecho que sorprendió a los visitantes. Por otro lado, en la reunión, los representantes de España indicaron que no existe metodología que avale la eliminación de precios de la base de datos, entre otras recomendaciones que la actual directora del Instituto cuestionó causando sonrisas entre algunos de los presentes. Quienes sí asistieron a las reuniones fueron los inescrupulosos de diversos sectores, “haciendo bulto” pero imposibilitados por propias limitaciones para generar un genuino enriquecimiento a partir de esta devaluada cumbre.

Luego de la mínima tregua derivada del acta, la Intervención pegó fuerte el jueves 6 de Septiembre, día de publicación del IPC-GBA, IPIM, y el Indice de la construcción. Como se viene realizando desde fines de Enero, el IPC publicado no respondió a la metodología vigente hasta 2006 ni a ninguna conocida. Las novedades son que la canasta básica mostró un aumento casi cuatro veces mayor que el nivel general y habría sido Alejandra Hernandez la “iluminada” encargada de determinar las variaciones de los distintos productos del Indice que reflejaban “la realidad de la economía poscrisis”.

En el comunicado de prensa de la canasta básica, se explica la preponderante Incidencia del aumento de la papa en la canasta que sería de 1.2% apróx (el 56% de la variación), prediciendo un “necesario” acuerdo de precios sobre el tubérculo que ocurrió en la misma semana. Lo curioso de este acuerdo es que fija el precio al mismo nivel en el que, según el comunicado del IPC, los consumidores pueden, en promedio, adquirir el producto en el mercado libre. En resumen, el convenio “permite” acceder a un precio al cual los consumidores ya deberían tener acceso según el comunicado de prensa oficial y no hace más que delatar la falsedad de los números publicados.

El mismo jueves, se hizo evidente la manipulación de un nuevo Indicador: el IPIM (Indice de Precios Mayoristas). Continuando con la ciclópea tarea de encubrimiento de la manipulación del IPC, se publicó la misma variación mensual para ambos indicadores (0.6%). A la tarde, luego de haber cumplido esa tarea matinal, Brahim y Nuñez, continuaron con las entrevistas a los empleados de cuentas Nacionales con el ya público objetivo de maquillar el PBI.

Con respecto a las causas judiciales, no hay noticias hace semanas. A partir de un informe contundente del Fiscal Stornelli, llama profundamente la atención que el Juez Canicoba Corral no haya dado lugar a los pedidos de Indagatoria de Beatriz Paglieri, quien fue denunciada por 30 testigos sobre los excesos que cometió en estos meses. Hace un mes que 10 empleados del IPC Nacional no tienen acceso a los sistemas informáticos y en el día de ayer, comenzaron las notificaciones de transferencias de los trabajadores que denunciaron en la justicia los desbarajustes en los procesos de elaboración del Indicador en estos meses. Los rumores de la participación de Stornelli en el gabinete del muy probable Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, agravan la sensación de desamparo de los declarantes.

Dada la lentitud de la justicia nacional, es de esperarse que instituciones internacionales tomen cartas en el asunto cuando no existen garantías institucionales en la jurisdicción federal para proteger a las personas que se niegan a ser cómplices de la mentira a la sociedad.

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Comisión de los muertos vivos

El día martes 4 de Septiembre, la Dirección del INDEC dio a conocer una comisión cuyo objetivo era "proponer alternativas procedimentales de elaboración y logística de producción" del IPC y su articulación con otros indicadores que integran la producción global del instituto. Es notable que entre los personajes nombrados en dicha comisión no figure ninguno que conozca la metodología pública vigente- y no respetada.
A continuación introducimos una reseña del prontuario de los personajes pertenecientes a dicha comisión:

• Luis Faigón: Director Nacional de Metodología Estadística desde hace 2 años. En el dictamen del Fiscal Garrido figura como responsable por omisión de los comunicados de prensa adulterados del IPC.


• Daniel Petetta: asesor de la Sra. Edwin, a la orden del Sr Comari, ex técnico de la ENGH sindicado como el responsable de diseñar el cuestionado cálculo sobre la desocupación publicado en Agosto, sin respetar las metodologías vigentes y públicas.


• Norberto Itzcovich: se desempeñó en distintas áreas del Instituto a partir de Enero: fue asignado como responsable del nuevo IPC, Director Nacional de Planificación y Coordinación Estadística y Director Nacional de Estadísticas del Sector Secundario (responsable del Indice de Precios Mayorista) y es altamente cuestionado por los trabajadores. Habría presionado al responsable del Estimador Mensual de Actividad Industrial para alterar su metodología.


• Daniel Martinez: Ex Director de Informática durante la gestión de Montero en el gobierno de Menem, desplazado hace 4 años por sumarios administrativos relacionados con compras, pasó a empleado de la Dirección de Coordinación del Censo y actualmente es asesor de Ana Edwin.


• Alejandra Hernandez: desde hace 2 meses es empleada del Instituto, personal de confianza de la altamente cuestionada B. Paglieri en el área del IPC. Estaría involucrada con la manipulación de dicho Indice aunque se desconoce su conocimiento de la metodología vigente y pública del Indicador. Es desconocida para el resto del Instituto, trabaja en forma aislada con otras personas sin historia en el Instituto. Debería demostrar sus antecedentes e idoneidad.


• Alicia Fernandez: Agente Gubernamental, colaboradora de la Sra Edwin.

Evidentemente, esta comisión se encuentra conformada por un grupo de personas cuya integridad ética es altamente cuestionable, además de carecer del conocimiento mínimo necesario sobre la metodología del Indice que motiva la conformación de la comisión. Este hecho llama sumamente la atención por poseer el Instituto en su plantilla actual, al menos media docena de personas con conocimiento de la metodología mencionada, quienes son hechos a un lado.

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El Estado posmoderno

A partir de esta nota de Alejandra Gallo, quería decir lo siguiente:

Desde el 29 de Enero el INDEC está intervenido. En el IPC se avanza paulatinamente y con firmeza en la destrucción la metodología vigente a partir de 1996, fruto de la discusión sobre las metodologías anteriores.

• No se respeta a los técnicos que conocen de la metodología pública vigente. A todos ellos se los intimida, se los discrimina, se los desplaza. Esto implica la pérdida de la "memoria metodológica", que se fue transfiriendo durante años por los contactos entre los distintos profesionales que trabajan en el INDEC hace varias décadas.
  


• Los trabajadores son víctimas de presiones y amedrentamientos varios por parte de las patotas instaladas en las oficinas.
  


• Al privilegiarse criterios arbitrarios y groseros, se promueve a las personas que muestran lealtad, aún cuando no tienen formación adecuada para las tareas a las que aspiran.

Pero si son ciertos los trascendidos publicados en esta nota, a partir de ahora se puede ver una intención más profunda y dañina de esta intervención: Ya no es sólo un proyecto electoralista y de corto plazo, sino un proyecto de perpetuación de la mentira y el desinterés por el bien común. La intención de intervenir las metodologías de medición de las variables económicas como estrategia de negociación con las empresas formadoras de precios es una aberración a la ciencia estadística e implica un retroceso que menosprecia los avances internacionales en la materia. La propuesta para el futuro IPC parece ser la de un Indice de Precios Acordados (IPA) que sirva para legitimar gestiones y no como Indicador de inflación. Para lograr este indicador, es prescindente cualquier operativo de muestreo y relevamiento ya que aclanzaría con recolectar listados de acuerdos de precios de la Secretaría de Comercio. Este argumento ya había sido mencionado por el nefasto Funcionario y muestra el nivel de omnipotencia y el desinterés por indagar en la realidad para formular políticas de Estado.

Encontramos el siguiente texto en la página 7 de la primera clase pública:

“(…)hacer un cambio de base sobre un IPC dibujado es algo muy
peligroso para la calidad del índice en toda su vida útil, es decir, al menos en los
próximos 10 años. Además, el cambio no es urgente porque las estructuras de consumo
no muestran modificaciones tan significativas como para invalidar la canasta del IPC
base 1999.”
Este párrafo en perfecto castellano advierte sobre los riesgos de perpetuar la mentira cuando la gente que toma las decisiones es cuestionada.

Esto se diferencia del Indice con vigencia hasta diciembre de 2006. Éste era el Indice de América Latina que respetaba la mayor cantidad de recomendaciones de la ONU sobre el tema, a la vez que era receptor de elogios en todos los proyectos internacionales en los que el país participó.


El hecho de que para la confección de este nuevo proyecto que menciona la prensa no hayan sido consultados los técnicos con conocimiento de la metodología y que se propongan fechas irreales para las revisiones necesarias, vuelve a corroborar que no existen inquietudes de calidad detrás de este plan y muestra nuevamente el nivel de irresponsabilidad de los funcionarios que están tomando estas decisiones.

De más está decir que gran parte de la línea de mando que está tomando estas decisiones ya han recibido pedido de indagatoria por parte del Fiscal Stornelli gracias a la declaración de 30 testigos y podrían ser imputados prontamente, lo que implica otro motivo más para, al menos, sospechar de su capacidad técnica más allá de las sospechas morales que son inherentes a estos pedidos indagatorios.


Todo cambio metodológico tiene que ser consecuencia de un diálogo abierto entre profesionales técnicos cuya independencia intelectual debe ser garantizada. El Gobierno podría participar de dicha discusión si mostrara respeto e interés sincero, pero en las condiciones actuales es complicado que se de ese diálogo y dadas las consecuencias nefastas de su intervención, deberían abandonar sus reacciones impulsivas que sólo profundizan los daños ocasionados, y escuchar las múltiples voces que reclaman la vuelta a la cordura.
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Respuestas

Dados los hechos (la renuncia de Barrios), nos parece ridículo publicar la respuesta a la entrevista que el dio a página12 hace 2 sábados. No porque esté mal el contenido, sino más bien por contestar la cantidad de barbaridades que vertió este personaje que pocos días pudo sostener el complicadísimo rol que quiso jugar. Pero por suerte, este nuevo Ministro de Economía que le pidió la renuncia (o lo echó, directamente) para mostrar reacción ante el primer allanamiento aplaudido y festejado del que tengamos noción, le robó alguno de los ridículos argumentos. Así que nos ahorró trabajo y parte de lo que habíamos preparado lo podemos usar para responderle a él…

Bueno, en realidad algo ya publicamos, incluso: hace unos días, subimos un cuadro interesante que encontramos en la clase pública, donde se ven, a nivel de capítulo, las estructuras de gastos en ambas encuestas de hogares (1996/7, 2004/5). ¿Evidencian cambios profundos en las estructuras de gastos? No. Hace 10 años que se decidió que este año se hacía la nueva base del IPC y es importante realizarla, porque, por ejemplo, ya se realizó la encuesta que demandó 2 años de trabajo, había presupuesto asignado para aquella tarea y siempre es enriquecedor aplicar lo aprendido en una década. Lamentablemente, con todos los problemas que hay en el IPC, esta tarea se encuentra demorada y se está “desarrollando” sin la participación de personas idóneas en el tema. De más está decir que la ausencia de técnicos idóneos atenta seriamente contra la calidad de los resultados, y si tenemos en cuenta las intenciones de encubrir y probablemente perpetuar herramientas de manipulación para el nuevo Indice por parte de las actuales autoridades, este proyecto representa un peligro de largo plazo. Nuestra opinión es que no se debería hacer a menos que se asegure la independencia intelectual de los técnicos y se incorpore a los equipos a quienes poseen la experiencia, además de expertos para los cuales el proyecto presentado en 2006 disponía de presupuesto (aunque la situación actual es harto más complicada).

El ministro propone que la salida es por medio de concursos, en la entrevista que brindó. Para responder a esto, citamos a Jacob Ryten, uno de los especialistas mundiales en IPC, consultor del INDEC para este Indicador durante los últimos años, quien dijo en una entrevista en febrero de este año (No la encontramos, ¿alguien recuerda dónde salió?):
-¿Y quien va a garantizar los concursos? ¿El mismo que ordenó la manipulación?
Los concursos por supuesto que son imprescindibles para la salida a la situación, pero previamente, para empezar a discutir seriamente hay que atacar los elementos que erosionan la credibilidad: tiene que cesar la intervención del Instituto y se tienen que investigar las responsabilidades internas.

Hoy, después de 6 meses de conflicto, el secretario de Comercio Interior habló sobre el INDEC. Deben haberlo obligado a hacerlo, después de haber pasado tanto tiempo callado con el conflicto en la prensa y la justicia. Pero salió a hablar, y dijo... burradas. Sugirió acudir a las listas de precios de las grandes empresas para dar cuenta de la veracidad del Indice oficial. En resumen, declara como prescindente la necesidad de recabar con un procedimiento estadístico los precios a los cuales los consumidores tienen oportunidad de adquirir los productos, a la vez que confía en las listas que le preparan a él las patriotas, generosas y honradas empresas a las que él, es de público conocimiento, presiona y hostiga. Si bien no nos parece mal que confíe en la información que le brindan, porque creemos en el estado de derecho, sus declaraciones son una burla a todos y cada uno los habitantes de este país, que tienen que enfrentarse con la realidad.

Por último, el matrimonio K: Cristina dice que: “alrededor del índice se mueven múltiples intereses y que un punto más o punto menos significa o no un buen negocio para los tenedores de bonos de la deuda (…) Un solo punto de inflación significa 420 millones de dólares más en la deuda externa" y su marido, el presidente, opina lo mismo dando nombres propios a los confabuladores. Esta parece ser la primera “opinión " expresada en los medios sobre la intervención del IPC, de manera indirecta, por parte de CK (o CFK como prefiere). Como al principio de la crisis, cuando las autoridades hablaron de “una mafia que calcula la inflación” que en cohecho con sectores financieros, “inflaban” el Indice. Esto es a priori verosímil y es convincente, pero, un detalle: ¿es verdad? NO. ¿Por qué? Porque se calculaba siempre en base a una misma metodología pública y consensuada con expertos de distintos organismos especializados y era implementada por un grupo de técnicos de carrera, de la misma forma desde el comienzo de su vida útil (1999). Además, si realmente hubieran tenido pruebas creíbles de tamaña acusación, ¿no hubiera sido más rentable, institucional, política y electoralmente, instruir una investigación Judicial? Estaríamos hablando de una enorme estafa multimillonaria como para necesitar de artimañas represivas como policías de civil, aprietes a ciudadanos, hostigamiento y amenazas públicas. El IPC no es una herramienta para indexar bonos. Es el estimador de la inflación. Si se rompe, se modifican las rentabilidades de los bonos por una decisión que nada tiene que ver con el estudio estadístico. Tiene además otras consecuencias directas que afectan a mucha más gente: al asalariado le hace perder la noción de su poder adquisitivo, se intoxican las estadísticas de pobreza e indigencia; en general no se puede valuar el dinero. Hay otras consecuencias que son inestimables en términos de credibilidad Institucional y que pueden necesitar muchos años para revertirse.
Pero también hay quienes están interesados en que el Indice sea bajo: menor inflación, menor pobreza… demagogia electoralista. Entonces, la sátira del presidente pidiéndole a los jueces que “también” investiguen a los grupos que especulan para que la inflación sea alta… Tenemos varias reflexiones con respecto a esto:

• El presidente, al reconocer semejantes presiones sobre el Instituto y su vulnerabilidad, reconoce su propia negligencia al no haber solucionado (y empeorado) estos problemas descriptos largamente en este espacio. Un presupuesto despreciable con respecto a su rol fiscalizador de la realidad. Y los trabajadores, con dignidad y orgullo defienden a la Institución y su prestigio, a la vez que pelean por sus reivindicaciones de años.
• Una de las consecuencias inmediatas de que no exista un Indicador creíble de Inflación es que los actores económicos la sobreestimen por precaución, para no arriesgar capital: una espiral inflacionaria causada directamente por la acción de gobierno, favoreciendo a los sectores financieros “que conspiran”.
• Otros bonos que existen se ajustan por PBI. Pero para el gobierno sigue siendo beneficioso que el PBI sea alto… Así que nunca cuestionó que el número final del PBI lo calcule el DN Fernando Cerro, a partir de distintos datos de su Dirección que consolida él mismo. Por el contrario, el IPC se calculaba a través de un sistema informático prácticamente cerrado desde el ingreso de datos hasta la emisión del comunicado de prensa.
• Gran parte de los bonos ajustados por CER fueron emitidos por este mismo Gobierno, y en vez de hacerse responsable por las decisiones que tomó en su momento, abusa de la fuerza del Estado para intentar subordinar las decisiones (técnicas, éticas, jurídicas) de los individuos en función de su obtusa interpretación política de la realidad.
  

Si bien la intervención irracional del gobierno sobre el INDEC alineó intereses antagónicos (los cuales incluyen a sectores financieros), los que nos preocupan profundamente son los de la gran mayoría del país: los trabajadores que no disponen de información fidedigna para su negociación salarial, los sectores de bajos ingresos cuya situación de pobreza y/o indigencia no puede diagnosticarse y la sociedad en general que está perdiendo una herramienta institucional indispensable, pérdida que repercute profundamente en su derecho básico de acceso a la información.

A esta altura, está claro que el gobierno no se benefició con la medida y que manteniendo su actitud obstinada no hace más que levantar una pesa que inevitablemente caerá. Es urgente que el gobierno abra el diálogo, cese el hostigamiento a los técnicos solventes y desplace a los responsables y cómplices de este atropello.

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Cambios en las estructuras de gastos

Revisando la clase pública, encontramos un cuadro muy interesante que muestra que los cambios en la estructuras de gastos en las dos Encuestas de Gastos son menores y en absoluto justifican las distorsiones que todos perciben en los Indices de Precios de 2007.
Si el Director leyera la clase, además de entender qué es el IPC, para qué se usa y por qué desde enero no es comparable con la serie histórica, también podría enterarse de por qué "este IPC no refleja los gastos de las personas".
Las respuestas que dio al periodista de Página 12 la semana pasada demuestran su total falta de idoneidad para el cargo que ocupa, y ameritan una respuesta elaborada que publicaremos en los próximos días.
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