Indicador Viciado
Página 12, sábado 30 de Junio de 2007
La realidad es infinitamente compleja y existen diferentes maneras de abordarla. La Ciencia Estadística es una de ellas, ya que permite aislar fenómenos relevantes y resumirlos de manera que permitan la toma de decisiones. En cualquier sociedad moderna, las estadísticas son esenciales para alcanzar una descripción metódica de sus aspectos fundamentales y para planificar políticas efectivas.
En la Argentina, la producción de estadísticas económicas y sociales no es algo nuevo. En particular, la serie del hoy cuestionado IPC se produce desde 1914 respetando sus metodologías hasta diciembre de 2006. Gracias a esta serie y a pesar de los numerosos vaivenes económicos se puede, por ejemplo, estimar el poder adquisitivo del dinero durante los últimos, casi, cien años.
Diversas corrientes científicas y políticas reconocen a la información estadística como herramienta imprescindible para el conocimiento y la planificación. Desmerecer su validez para describir la realidad, intentando asociarla a determinadas posturas políticas, no es más que un truco retórico para distorsionar la percepción de la opinión pública.
El INDEC "es el organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina". Es el organismo coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN), que está integrado por los servicios estadísticos de todos los niveles de gobierno. El funcionamiento del Instituto está reglamentado por la ley 17.622 y los decretos 3110/70 y 1831/93, que le confieren la responsabilidad sobre el diseño metodológico, la organización y dirección de los programas de relevamiento de datos, así como la elaboración de los indicadores sociales y económicos que son indispensables para la planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas.
Lamentablemente, las actuales autoridades nacionales no comprendieron la función técnica del Instituto y, aprovechando la condición precaria a la que fue sometido durante décadas por los gobiernos de turno, decidieron convertirlo un instrumento legitimador de su gestión a través de la violencia y el engaño, poniéndolo en la incómoda situación de botín político. La intromisión del poder político en el Instituto, nos obligó, como ciudadanos responsables más allá de nuestras preferencias políticas, a participar de un debate al que fuimos llamados independientemente de nuestra vocación.
Antes de Enero de 2007, la metodología del IPC era pública, se mantenía desde el cambio de base en 1999 (IPC-GBA Base 1999- Metodología 13), y no obedecía a caprichos de ningún funcionario en particular. En cuanto a la decisión del Gobierno Nacional de indexar los bonos públicos utilizando el CER (que a su vez se calcula en base al IPC), ésta es posterior a la devaluación (2002). Desde la intervención, el IPC se elabora a la medida de las pautas establecidas por el gobierno, y dejó de reflejar la evolución de los precios. Es un hecho que el gobierno, al manipular el índice, está definiendo la rentabilidad de sus bonos asociados, pero esto no justifica acusaciones infundadas de manipulaciones previas. De existir esta sospecha, debería haberse garantizado por vías formales que intereses coyunturales no impacten en el indicador que a fin de cuentas intenta, de la manera más objetiva posible, dar cuenta de un aspecto de la realidad.
Si bien el IPC (y el INDEC en general) siempre fue cuestionado por la opinión pública -como también ocurre en otros países- es un error postularla como auditora del indicador de inflación. Lo que le da validez a un indicador estadístico no es la percepción que de éste tiene la sociedad, sino la calidad de la metodología con que es producido. Es una obligación de los gobiernos de turno, en un estado republicano, garantizar la calidad y credibilidad de sus instituciones. En este sentido, la situación general de precariedad del INDEC (falta de concursos, ausencia de meritocracia, contrataciones precarias, bajos salarios, magro presupuesto), así como las críticas habituales de parte de los funcionarios de turno, muestra la falta de compromiso de los diferentes gobiernos para consolidar la credibilidad del SEN.
En este conflicto, que realmente tiene ribetes patéticos, nosotros vemos dos grupos de posiciones diferenciadas, que confrontan en torno a un punto: la postura frente a la situación de intervención y la manipulación del IPC. De aquel lado se encuentran tanto los que obstinadamente aprueban o ignoran la indefendible situación, con los sinsentidos que ésta implica, y quienes, abusando de ambiguas posiciones de privilegio, deciden soportarla a cambio de otros beneficios. De este lado quienes consideramos que sin renunciar a otras reivindicaciones, la Intervención y Manipulación son inaceptables, manifestando una postura coherente desde el comienzo del conflicto.
Entre los primeros se destacan algunos periodistas que, lejos de reflejar lo que sucede, obvian lo evidente (ver “Acerca de los argumentos falaces”), y otros que quieren cambiar el foco de la discusión intentando minimizar la complejidad y gravedad del conflicto, queriendo articular un discurso complaciente acerca de la acción de gobierno. En esta actitud, no les importa menospreciar la coherencia de los trabajadores del Instituto y su rol esencial como motor en la búsqueda de esclarecimiento. A su vez, los acusan de no haber denunciado en su momento “el tráfico de información que se había instalado en el Instituto entre esa tecnoburocracia y las principales consultoras de la City”. Tenemos varias reflexiones acerca de esto:
· En ningún momento los trabajadores que denuncian la manipulación protegieron a personas sospechadas de ilícitos. De hecho, cuando el nuevo Director recorrió los pisos amenazando con denuncias coherentes con las descriptas, se le EXIGIÓ que investigara, siendo ese su deber. Hasta hoy no tenemos novedades al respecto.
· Cualquiera a quien le conste la existencia de ese tráfico de información, debe denunciarlo, incluyendo a personas externas al Instituto.
· La manipulación del IPC es el hecho más grave de distorsión de información en la historia del INDEC y su denuncia no se puede soslayar recurriendo a acusaciones infundadas.
· Por otro lado, en el Instituto existen antecedentes sobre denuncias de irregularidades y proyectos de mejora institucional por parte de algunos técnicos. La respuesta: problemas, secuestro de computadoras, persecución y sumarios para los participantes, evidenciando la escasa voluntad de cambio y generación de consenso por parte de las “tecnoburocracias”.
Evidentemente, hay periodistas que no están suficientemente enterados acerca de los temas sobre los que escriben y abrevan en una postura que tiende a sospechar que detrás de las acciones de cada ciudadano existen motivaciones mafiosas.
Sin embargo, los que consideramos más grave en este “sainete”, es que muchos olviden la gravísima situación en la que se encuentran los trabajadores del IPC, quienes con su trabajo silencioso, aportaron a la elaboración de la serie hasta diciembre de 2006 y gracias a quienes tomó estado público la mentira. A la vez, soportan la presión del poder político, ya consolidado en el Instituto (ver El Plan Estratégico), que los obliga a ser testigos del vilipendio del producto de su trabajo, su experiencia y formación.
Por otro lado, en el equipo metodológico de la dirección se está acelerando un proceso de copamiento por parte de personas, en su mayoría gracias a su afiliación a UPCN, quienes no parecen críticas a la situación de Intervención (más bien todo lo contrario). Se pide a los técnicos con amplia experiencia en el área, que capaciten a personas que no entrevistaron previamente y les son impuestas. La situación parece análoga al reemplazo de ingresadores y responsables de operativos especiales. Sumado a los desplazamientos de gente idónea y crítica, profundiza el vaciamiento que viene avanzando desde el comienzo de la intervención, en desmedro de la calidad del operativo.
Muchos trabajadores valiosos podrían contribuir a la reconstrucción del IPC y su credibilidad. Sin embargo, las autoridades parecen más bien dispuestas a montar una operación de encubrimiento apoyándose en profesionales inescrupulosos que están elaborando una supuesta nueva metodología, sin participación de quienes vienen trabajando desde hace diez años o más en el IPC.
Las mismas autoridades y periodistas que por acción u omisión dañaron gravemente al indicador, sin haber nunca escuchado a quienes trabajan cotidianamente y conocen el tema, hoy cuestionan su credibilidad, denuncian y acusan, volviendo a golpearlos para encubrir sus propias responsabilidades.
A esta altura, no pueden hacerse oídos sordos a la voz de los trabajadores que estoicamente soportaron estos embates y, si existe una voluntad de solución, es a su experiencia y saber a los que debe recurrirse. Seguir negando el origen del conflicto, y maltratando a quienes están comprometidos con la calidad de su trabajo, no hace más que agravar la crisis y dilatar el vislumbramiento de una salida que minimice las consecuencias negativas a mediano y largo plazo.
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