martes, 29 de enero de 2008

Un año de lucha

El 29 de enero de 2008 se cumple un año de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos por parte del poder político. Se cumple, también, un año de lucha contra la manipulación de las estadísticas públicas y en defensa de un bien público como es la información que da cuenta de la situación de nuestra sociedad.

La intervención comenzó con la manipulación de uno de los principales indicadores producidos por el Instituto: el Indice de Precios al Consumidor correspondiente al Gran Buenos Aires (IPC). Pero continuó afectando a otros indicadores: primero a aquellos que utilizan al IPC como insumo para su construcción (como el valor de las Líneas de Pobreza e Indigencia y el Producto Bruto Interno), luego se extendió a otros que mostraban las inconsistencias que rápidamente comenzaron a surgir como resultado de la tergiversación del IPC (por ejemplo, el Indice de Precios Mayoristas y el Indice de Precios Implícitos de Supermercados). Finalmente, la manipulación se extendió a prácticamente cualquier indicador cuyos resultados pudieran dar lugar a críticas a la gestión del gobierno, socavando la calidad y la credibilidad de toda la información producida por el Sistema Estadístico Nacional.

La situación de intervención y manipulación se puso de manifiesto de diferentes maneras según el caso:
- La manipulación burda y directa de los resultados
- La introducción de alteraciones metodológicas no justificadas ni informadas
- La publicación de datos producidos por personas no idóneas y sin los controles de calidad habituales
- La publicación incompleta de datos
- La no publicación de datos

Desde el primer día, los trabajadores denunciamos y enfrentamos la intervención y la mentira a la sociedad. Desde el principio, también, la manipulación se dio en el marco de custodias armadas (tanto policial como privada) y agresiones. Frente a la constancia de la denuncia y el eco que ésta encontró en diversos sectores de la sociedad, las autoridades debieron castigar a los trabajadores para poder seguir mintiendo: desplazaron, despidieron, persiguieron y descontaron salarios no sólo a los trabajadores que realizan denuncias públicas, sino también a los que silenciosamente condenan la intervención y apoyan a sus compañeros.

Durante este año, ningún sector de la sociedad apoyó la intervención del gobierno y fueron muchas las voces, tanto desde la oposición como desde sectores afines al gobierno, que se alzaron en contra. Sin embargo, las autoridades parecen todavía dispuestas a destruir uno de los organismos estatales que gozaba de mayor credibilidad en la Sociedad, y con tal de seguir dando “buenas noticias” estadísticas, inundan las páginas vecinas de los diarios con noticias escandalosas. Esta visión cortoplacista, cada vez redunda en una cantidad creciente de problemas cada vez más peligrosos:

- Además de destruir la credibilidad del INDEC y del Sistema Estadístico Nacional, se pone en cuestión la credibilidad del propio gobierno y del mismo Estado (INDEC: el estado del Estado)
- Inexistencia de una medida creíble sobre la evolución del poder adquisitivo de los ingresos para las negociaciones salariales de todos los trabajadores.
- Incertidumbre acerca del valor del dinero.
- Al no conocerse la situación actual, se dificulta la realización de previsiones a futuro desalentando la toma y otorgamiento de créditos y las inversiones en general. Un panorama que empeora con la profundización de la crisis.
- Pérdida irreversible de muchos de los datos correspondientes al año 2007 con consecuencias inestimables no sólo en relación al conocimiento sobre la situación actual de la sociedad argentina, sino también en términos de memoria para el futuro. Pérdida de comparabilidad intertemporal e internacional.
- Los procesos judiciales que utilizan datos del INDEC como referencia (juicios por alimentos, indemnizaciones, etc.) no tienen un valor de referencia confiable.
- Imposibilidad de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas, de manera eficaz y eficiente: política monetaria, fiscal, exterior, social, etc.
- Retroceso en la evolución del Sistema Estadístico y deslegitimación de las estadísticas frente a la sociedad, con la consecuente pérdida de confianza y de colaboración en la provisión de información.
- Pérdida de rigurosidad de la producción académica basada en datos estadísticos oficiales.

A pesar de que el discurso oficial hace referencia a la normalización del INDEC y la elaboración de un nuevo IPC que supere los supuestos problemas que presentaba el vigente hasta diciembre de 2006, los hechos no ratifican esas palabras:

- No se sabe nada sobre el nuevo IPC: quiénes trabajan, cómo va a ser, etc.
- Sigue la lógica de manipulación política de los datos.
- Siguen echando y desplazando trabajadores que denunciaron y fueron testigos.
- Se persigue a los trabajadores con descuentos salariales y amenazas graves (sumarios, prohibición de entrar al edificio, etc.).
- El edificio sigue lleno de personal intimidatorio especialmente contratado para esas funciones.
- Sigue habiendo guardia policial permanente (con escritorio y línea interna propia) en el 3er piso.
- Se condiciona el pase a Resolución 48 (forma de contratación que pretende ser una planta transitoria) a la afiliación a UPCN (gremio que apoya la intervención) y la no participación en el conflicto, discriminando a los afiliados a ATE y, a esta altura, a quienes no son colaboradores explícitos de la intervención.
- No hay ningún plan que guíe las actividades del Instituto y no se difunde información.

Es pública la intención de la Presidenta de dar un perfil institucionalista a su gobierno, complementando la retórica del gobierno saliente: la defensa de los derechos humanos y la estrecha relación con la clase trabajadora. La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología es una muestra de la supuesta transformación del país que propone. Sin embargo, el manejo de la crisis del INDEC es una evidencia que refuta todas estas banderas no sólo dentro del Instituto: se vapulea el conocimiento científico y se privilegia los resultados sobre el rigor metodológico, se presiona a los Sindicatos para que absorban los costos de la manipulación del IPC, se presiona a la Justicia que hace casi un año investiga los hechos, y aún teniendo pruebas, no ha realizado una sola citación a indagatoria. Se persigue a afiliados y delegados sindicales, y no se respetan las leyes laborales, sin que el Ministerio de Trabajo tome posición al respecto.

El conflicto marcó el año 2007 en el país, muchas tapas de diario reflejaron distintas instancias de la crisis. Y sorprendentemente mucha gente sigue asociándola a la coyuntura electoral, cuando a esta altura, la cristalización del proceso de desmantelamiento del Instituto es un problema estructural y cada día se complica más su recomposición. O bien el gobierno no escucha los reclamos, o la Sociedad no se ha manifestado con la contundencia necesaria como para precipitar un viraje en su comportamiento irresponsable. Pero es fundamental que cada uno de nosotros tome posición y se manifieste en defensa de la Estadística Pública como parte de nuestro patrimonio como Sociedad.


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miércoles, 2 de enero de 2008

Lavboratorio/n line año VIII. número 21 . Verano 2007 ISSN : 1515-6370Instituto de Investigaciones "Gino Germani"Facultad de Ciencias SocialesUBA"

INDEC: Los Números, el miedo y el dinero
Por Miguel Ángel Forte*

“Se acabó la época de los librepensadores”
Beatriz Paglieri, Interventora de la Dirección del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Enero de 2008, encontrará al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en sus cuarenta años de vida, al tiempo que cumplirá uno, la intervención de la dirección productora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Así, con la manipulación de los precios, comenzó la destrucción del sistema estadístico nacional y el desmantelamiento del organismo. La siguieron una serie de acciones que afectaron en mayor o en menor medida al conjunto de la producción estadística. En tal sentido, los trabajadores en asamblea, consideraron desde el inicio del conflicto que la ya de por sí grave intervención en el IPC, era el primer paso en una serie de medidas para disciplinar al organismo a lo efectos de que los números “den bien”, en relación con las políticas llevadas a cabo por el presidente Kirchner. Tarea que para el caso particular, delega en el secretario de comercio Guillermo Moreno, director de hecho. Desde el comienzo, producto en gran medida de la lucha llevada a cabo por los trabajadores, el tema se instaló en la sociedad, tuvo desde el punto de vista mediático un fuerte impacto hasta el día de hoy y en este punto la lucha está coronada por el éxito, en el sentido de que es difícil pensar que alguien crea en la verosimilitud de los números del INDEC. También se puede agregar en relación a los fracasos del gobierno, que tampoco logró el objetivo de utilizar el IPC para controlar la inflación, cuando el número de Moreno, no coincide con el relevado por las consultoras privadas, alentadas por el Poder Ejecutivo ante la ineficiencia ad hoc del instituto. No obstante, el gobierno insiste en mantener la misma línea de acción, es decir, seguir disciplinando a la fuerza de trabajo, a la inversa de las misiones y funciones del INDEC : Un mundo bizarro de premios y castigos. Después de la represión llevada a cabo por la infantería en la puerta de Julio A. Roca, se levantó, el 22 de agosto, un paro de cuarenta y cinco días, producto del desplazamiento de la Directora de la Encuesta Permanente de Hogares Cynthia Pok y se abrió un espacio de negociación con el gobierno, vía la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía. No obstante, se continuó con los desplazamientos de los trabajadores técnicos y se los fue reemplazando por personal procedente del gremio UPCN, aproximadamente doscientas personas, sin capacitación para las tareas. En tal sentido y por ejemplo, en la Encuesta Permanente de Hogares, hoy a cargo de Rubén Sampino, ex funcionario del mercado de Liniers, se lleva a cabo un intenso proceso de capacitación para los futuros encuestadores, provenientes de las incorporaciones señaladas. De más está decir, que los números de la encuesta ya no cuentan con los debidos controles de calidad que la caracterizaron. Se trata de un desastre ecológico y como tal, puede resolverse en primera instancia si se corta la fuente de la contaminación, para luego a largo plazo volver a hacerlo potable. Mientras tanto, por el contrario, han disminuido los salarios de aquellos que se opusieron a la intervención por la vía de la reducción de las horas extras y censales, al tiempo en el que se premiaron con dinero a aquellos que aceptaron las nuevas metodologías. Ahora, nadie sabe con exactitud que se está haciendo con las bases de datos, nada indica que el nuevo gobierno modifique el sentido de la acción del saliente. Salvo que el viaje relámpago hecho a los Estados Unidos por la directora del instituto Ana Edwin y la interventora del IPC Beatriz Paglieri, a los efectos de hacer un curso acelerado sobre innovaciones metodológicas a dicho índice, de cómo resultado una revolución científica. No se trata entonces de juzgar la acción de gobierno por haber impulsado cambios metodológicos, sino por haber llevado a cabo una práctica oscura en el sentido de que se desconoce cuales han sido esos cambios más allá de haber elegido para la elaboración del índice fuentes alternativas de información de facto, dicho de otra manera: Dibujó. La pregunta que a esta altura puede hacerse es si el accionar del gobierno sobre el instituto es excepcional, o bien anticipa una forma de disciplina del aparato del Estado, o se trata de una práctica común que, por los efectos en este organismo, ha tenido una especial atención por parte de los medios de comunicación. Sí se puede afirmar hasta aquí, que el año 2007 es un agujero negro para las estadísticas públicas, pero, es de suponer que el gobierno considera que también plebiscitó la práctica en el INDEC en la compulsa de noviembre.

* Ex Director de la Carrera de Sociología. Profesor Titular Regular de Sociología General, carrera de Sociología UBA.
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sábado, 22 de diciembre de 2007

Documento de la Comisión Técnica ATE-INDEC: el Nuevo IPC: ¿un índice popular?

La implementación de un único índice de precios calculado sobre una canasta restringida y representativa de los sectores populares en reemplazo de un “sistema de precios” vigente que proyectaba ampliarse durante el año 2007 representaría un evidente retroceso en el normal desarrollo de estadísticas de precios seguido hasta el momento, tanto por el INDEC como por las experiencias de los países más desarrollados. Por ende, sería sumamente perjudicial para el desarrollo estadístico del Instituto y para los numerosos usuarios de dicho indicador.
Al respecto, el documento se refiere a dos de las consecuencias importantes que implicaría la adopción de tal estrategia. Por un lado, se perdería el mejor indicador existente para calcular la inflación: un indicador reducido no podría servir para estimar dicho concepto. Por otro, al disminuir la oferta de índices se restringiría notablemente la capacidad para desarrollar estudios específicos, como los de impacto distributivo de los aumentos de precios. Desarrollaremos más extensamente estas cuestiones.

Como primera consecuencia, entonces, se perdería el indicador más representativo de la inflación, debido a que si lo que registra el nuevo indicador es la evolución de los precios de una canasta restringida, no se tendría en cuenta una importantísima proporción del consumo de los hogares. Por ende, los usuarios más importantes de este insumo dejarían de contar con una fuente de información difícil de sustituir, como se ve en los casos que siguen:
• Un índice de precios que no mida la evolución de los precios de todo el consumo de los hogares, no se podría tomar como parámetro para armar un programa monetario. Por ejemplo, si el indicador arrojara un resultado menor a la inflación real, se estaría subestimando el efecto de una política monetaria expansiva. En otras palabras, se pensaría que el margen para emitir moneda sin acelerar la inflación real es mayor, de manera que, de no mediar información de otras fuentes, podría estar acelerándose la inflación aún más, sólo por desconocimiento de la situación real. Lo contrario ocurriría si se diera la inversa: una sobreestimación de la inflación podría convertirse en un freno al crecimiento por escasez de circulante.
• Las cuentas nacionales, que calculan el nivel agregado de actividad, contarían con información parcial y sesgada. No es posible determinar de antemano en qué sentido incidiría un IPC restringido. En cambio, significa la interrupción de fuentes de información o incluso la aplicación de variaciones de precios erróneas a diferentes rubros, lo que podría llevar a una subestimación o sobreestimación de los valores reales.
• La actividad privada también se vería afectada. Los proyectos de inversión que calculen su rentabilidad utilizando un índice de precios diferente al real perderán una base cierta sobre la cual tomar las decisiones, o bien, deberán incluir en su ecuación el costo de recabar información fehaciente por vías privadas.
• Al desconocerse el real incremento de los precios internos, el tipo de cambio real estaría distorsionado y se dificultaría la evaluación de las políticas comerciales.
Como segunda consecuencia, al restringirse el sistema a un único indicador, se perdería información valiosa sobre la manera en que la inflación afecta a los distintos sectores de hogares, y por ende se privaría a los distintos usuarios de una referencia inestimable. Así, por ejemplo:
• En las negociaciones –salariales o de otro tipo– que se realizan a los efectos de mantener el valor (poder de compra), las partes perderán asimismo un criterio sobre el cual acordar. Si bien los acuerdos salariales pueden realizarse sobre distintas bases (no necesariamente el IPC de la canasta promedio, ni los índices desagregados), la variación del IPC es, por lo general, la más tenida en cuenta. Además, no contar con información desagregada por quintiles impediría a las partes tener alternativas al indicador único. Tal como se demostró en el documento, en épocas en que la inflación es empujada por el incremento de precios de los alimentos, como fue el caso del año 2002, los hogares de ingresos bajos sufrieron sus efectos de manera más acentuada que el resto de la población. En el marco de una negociación salarial o por la recomposición de un subsidio, estos sectores hubieran podido solicitar que se les reconstituyera el poder de compra perdido de acuerdo a estos datos oficiales.
• En el marco del análisis de la distribución del ingreso, la inexistencia de información desagregada y el hecho de no contar con un marco de referencia frente al cual compararse, como es el IPC para la canasta promedio, un único indicador de precios perdería toda capacidad analítica cuando se desea conocer el impacto distributivo de los incrementos de precios. Así se pierde una herramienta imprescindible para evaluar la necesidad y el impacto de las políticas redistributivas.

Por otra parte, si lo que se busca es una verdadera mejora en la calidad de la información y recuperar el prestigio del Instituto, entonces antes que restringir la información debe ampliarse su oferta.
• Siempre que se actualiza y perfecciona una metodología, los nuevos indicadores deben complementar a los anteriores, no sustituirlos. Ampliar la base de información supone respeto por los ciudadanos, reconocerlos adultos y libres para elegir.
• Por lo tanto, aprovechando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005 se debería incrementar la diversidad de indicadores de precios y su cobertura –tanto geográfica como de la población de referencia - además de ampliar el sistema estadístico mediante indicadores complementarios en función de las crecientes necesidades que impone la evolución de la situación económica y social, que a medida que se desarrolla se vuelve cada vez más compleja.
• En este sentido el Índice de Precios al Consumidor Nacional debería continuar el proceso de extensión iniciado con la ENGH 1996-1997, incorporando otras regiones y considerarse la posibilidad de construir índices regionales. Actualmente, el IPC Nacional se calcula sobre información recabada en 10 aglomerados, cubriendo el 83,1% del gasto del país. El diseño del Índice debería contemplar que cada aglomerado es parte de estos índices regionales y orientar la asignación de recursos para la elaboración de la mayor cantidad de indicadores.

Es motivo de perplejidad y preocupación el estricto hermetismo con que un grupo de allegados a la intervención del INDEC define la nueva metodología del IPC, al margen de los controles y debate públicos acostumbrados a lo largo de la trayectoria del Instituto, y como es usual en todas las oficinas de estadística del mundo. En este sentido, en torno al “nuevo IPC” que se afirma comenzará a hacerse público en breve, todavía no se especificó su cobertura geográfica, ni la forma en que se determinó la población de referencia para armar una canasta “popular”, ni cómo se seleccionarán las nuevas muestras, ni si se harán cambios en las fórmulas de cálculo, ni ningún otro procedimiento metodológico.
Una mirada global al proceso permite concluir que se está tratando de consolidar la maniobra que apunta a contar con indicadores políticos. Si no se detiene la manipulación y el desmantelamiento del INDEC ya no sólo se tendrán datos puntuales falseados, sino que se continuará avanzando hacia un sistema de indicadores que en lugar de reportar verazmente lo que ocurre en la realidad, responda a intereses políticos ajenos a la responsabilidad institucional del INDEC. No se cuestiona que el gobierno, como usuario importante de información, realice requerimientos de nueva información estadística para la formulación de políticas: lo que es inadmisible es que a través de la intervención del organismo se esté afectando la base misma de producción de los indicadores, y el Sistema Estadístico Nacional como tal. Lo que estará falseado entonces no será ya el producto, sino la máquina que lo fabrica.

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