La justicia y el INDEC

Existen varias acciones comenzadas en la justicia a partir de la manipulación del IPC en Enero de 2007. Enumeramos a continuación las que son públicas y conocemos:

• Dictamen del Fiscal de Investigaciones administrativas Manuel Garrido sobre presunta violación de secreto estadístico y adulteración de documento público. Considera que Ulises Valentín, Marcela Filia, Celeste Cámpora Avellaneda, Beatriz Paglieri, Ana María Edwin y Guillermo Moreno incumplieron con la ley. Luis Faigón, (ex)Director Nacional de Metodología Estadística se menciona como posible responsable por omisión. Alerta sobre las posibles represalias a los trabajadores que denunciaron los hechos.

• Pedido de Indagatoria del Fiscal Stornelli, de la fiscalía Federal Nº4 para Beatriz Paglieri, Ana María Edwin y Guillermo Moreno presentada al Juzgado 6, secretaría 11 a cargo del Juez Rodolfo Canicoba Corral. En el marco de esta causa, se allanó el INDEC y circularon versiones de que la justicia realizaría el cálculo del IPC.

• Representantes de afiliados a las AFJP se convirtieron en querellantes en las causa por manipulación en el Juzgado Federal Nº6.

• La ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un recurso de amparo por acceso a información pública.

• El Fiscal de Investigaciones administrativas Manuel Garrido realizó un Pedido de Indagatoria para Beatriz Paglieri, Ana María Edwin y Guillermo Vidal habiendo comprobado manipulación del Indice de Mendoza en el mes de Septiembre, presentada al Juzgado 6, secretaría 11 a cargo del Juez Rodolfo Canicoba Corral.

• Recientemente circularon versiones según las cuales el juez Canicoba Corral dice que no hubo manipulación de estadísticas públicas ni violación de secreto estadístico.

Esta última opinión se basaría en que "no hay marco legal que explicite cómo se debe realizar los relevamientos, no está ni en forma de ley o de decreto. En cambio, surgen reuniones entre directivos de estadística. Por eso si se genera alguna variante en los comercios relevados o si se relevan los productos acordados con el gobierno no sería delito". La gravedad de la situación ameritaría que el juez convoque a un perito estadístico (o varios, de distintas instituciones y países) para que determine si los cambios introducidos en en el relevamiento y cálculo del IPC desde enero de 2007 están contemplados en la metodología pública, y si podrían ser considerados cambios metodológicos. Es decir, si cumplen con el rigor científico que determina que una serie de datos represente un indicador económico o no signifique absolutamente nada. El hecho de que los datos del INDEC hayan perdido toda credibilidad producto de la grotesca manipulación de los resultados que publica, le quita sentido a su propia existencia.

Mientras tanto, para encubrir las mentiras, en el Instituto Nacional de Engaño y Coerción siguen intentando amedrentar a los trabajadores que denuncian la mentira y se niegan a ser cómplices del engaño a la sociedad.