Recurso de CELS y otras entidades prestigiosas

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que publique las bases usuarias de la Encuesta Permanente de Hogares y de la Encuesta de Gastos de los Hogares. La presentación fue realizada junto a instituciones académicas como la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLA- UNLP), la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA) y el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED - Instituto de Investigaciones Económicas UBA). A estas instituciones se sumaron 33 investigadores y especialistas en políticas sociales y laborales.

Estas instituciones e investigadores son usuarios frecuentes de las bases de datos del INDEC a las que hoy no pueden acceder. Durante años, estas bases fueron las principales fuentes para el análisis de indicadores socioeconómicos tan sensibles como la pobreza e indigencia, el mercado de trabajo, la educación y la salud. La Encuesta Permanente de Hogares y la Encuesta de Gastos de los Hogares, históricamente a cargo del organismo, reúnen y analizan información sobre las características sociodemográficas de la población —vivienda, condiciones sanitarias, composición de los hogares, nivel educativo—, la inserción laboral de la fuerza de trabajo —condición de actividad, categoría ocupacional, ingresos, cobertura de seguridad social— y el gasto de las familias, lo cual permite profundizar el análisis de la pobreza y la distribución del ingreso.

Para Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS el objetivo del pedido “es promover la calidad, la difusión y el acceso la información estadística, en tanto esa información es un insumo clave para realizar investigaciones socioeconómicas y analizar el impacto de políticas sociales en un contexto en el cual la pobreza sigue siendo un problema no resuelto en Argentina”.

El primer pedido de informes al INDEC había sido presentado por el CELS el 25 de julio de 2008. La respuesta llegó casi seis meses después, el 18 de diciembre, y no alcanzó a satisfacer completamente ninguno de los puntos incluidos en la solicitud. El CELS insistió en este pedido de acceso, que fue rechazado formalmente. El recurso presentado ayer representa el último paso administrativo para obtener una respuesta. Ante una nueva negativa de las autoridades del organismo, sólo quedaría habilitado un reclamo judicial. Cabe recordar que el Estado se encuentra obligado a proporcionar la información solicitada ya que este pedido se efectúa teniendo en cuenta las condiciones de relevamiento y procesamiento de datos del INDEC y no refiere a datos confidenciales.

El derecho a la información vinculado específicamente con el acceso a la información pública surge del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referido a la libertad de expresión. También podemos encontrar expresas referencias en el artículo IV de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, referido a la libertad de investigación. Para el CELS, el ejercicio de este derecho es una herramienta clave para promover la participación y el debate vinculados con políticas públicas.

fuente: cels