Plata Quemada

Poco se puede agregar a todo lo que se ha dicho en las últimas semanas con respecto al conflicto agropecuario. Pero lejos de ir aclarándose el panorama, éste es cada vez más confuso: no es claro qué se está discutiendo o peor, ya que cada uno discute lo que quiere. La falta de consenso no solo ocurre entre los políticos y el motivo es que, justamente, el terreno en disputa es demasiado amplio y maleable: las rentas, el relato, los conceptos, hasta el sentido de la palabra democracia está en discusión. El aumento de las retenciones móviles funcionó como catalizador de una cantidad de disconformidades en gran parte de la Sociedad y la falta de reservas políticas del oficialismo convocó a una crisis sin precedentes en la historia Argentina reciente, una fractura en la Sociedad que es alentada desde la cumbre del poder.
Desde sectores cercanos al gobierno se pone el foco en la disputa por la renta y en la negación de un sector favorecido a tributar. Desde el otro sector se logró una admirable amalgama de posiciones antagónicas que permite conclusiones absurdas y que despiertan sospechas: para la federación agraria el conflicto se resuelve si se diferencia al 96% de los productores pequeños y medianos del 4% de grandes productores. ¿Cómo se explica que los representados por la Sociedad Rural, parte de de ese 4% no se enfrente con los socios momentáneos? Evidentemente hay profundos motivos que luego de casi 4 dolorosos meses no han terminado de salir a la luz. La paupérrima discusión, resumida en retenciones si o no, no tiene sentido en si: las retenciones móviles son una herramienta de política económica (no un impuesto, como algunos intentan confundir) que forman parte de una cantidad de medidas. El "campo" (y la patética, impotente e irresponsable oposición que se monta ciegamente sobre el reclamo sectorial) discuten finalmente las atribuciones del gobierno para establecer las políticas económicas. Cuestionan, en realidad, la credibilidad del Gobierno y la carencia de políticas públicas hacia al sector, ya que delante de la evidente disputa por la renta, mencionan al federalismo y la no coparticipabilidad del arancel a las exportaciones o la poca voluntad mostrada por las agencias gubernamentales para pagar las compensaciones en el pasado. Del lado del Gobierno, argumentan que el nivel de informalidad en el sector agropecuario es el motivo de la negativa sobre la solución de las compensaciones para solucionar el error original. Así, cada actor intenta quitar credibilidad al otro y lo peor para la Sociedad es que lo logran. El problema es que el Gobierno no es un sector de la economía, y el nivel de informalidad del sector agropecuario o las condiciones laborales de los trabajadores rurales también son parte de su propia responsabilidad: en cada denuncia del campo, el Gobierno pierde credibilidad, y en cada denuncia del Gobierno, campo y Gobierno resultan menos creíbles para el público de este grotesco que desnuda de manera trágica al ser nacional.
En estos meses, quienes hemos pretendido entender la realidad del “campo”, hemos encontrado una cantidad importante de fundamentos téoricos: desde las características particulares de la renta agraria hasta las características de la “enfermedad holandesa” ejemplificada hoy en cultivos como la soja. Pero fundamentalmente, que no son convenientes las generalizaciones y la noción de que es fundamental que los especialistas sean convocados y escuchados, y que el debate se establezca en los ámbitos adecuados y no a través de una mediatización inconducente. La proliferación de exageraciones de un lado y del otro, el abuso de la mentira y la negación evidencian las falencias de la sociedad Argentina para lograr consensos. Sin embargo, estas distorsiones eclipsan la necesidad de una impostergable planificación estratégica integral del sector agropecuario para una actividad que puede ser motor de crecimiento (o de la desertificación) del país por varios años.
Pero las soluciones técnicas lejos están de resolver un conflicto netamente político: el Kirchnerismo es rehén de las acciones de sus sectores fundamentalistas, que tanto dañan a la palabra del gobierno y este movimiento parece necesitar de enemigos (reales o inventados) para revalidar su poder, aunque sea en una patética lucha por la in-credibilidad. El paso a través del congreso, resulta acertada aunque tardía y llena de vicios de la política más berreta, atentando contra la solvencia de otro poder republicano. La definición del destino del dinero en disputa, a más de 90 días de conflicto, también resulta ambigua: al definir bajo presión que la plata se destinará para construir hospitales, se acusa recibo de la falta de transparencia en la asignación de los recursos y la postergación del gasto social tras varios años de crecimiento ininterrumpido. Los quiebres dentro del bloque oficialista en el parlamento dan cuenta del desgaste que padece el Partido Justicialista. Este quiebre también se evidenció en la CGT, con un un sector disidente liderado por el gastronómico Luis Barrionuevo, recordado por su franqueza al pronunciar en los años noventa “en la Argentina, tenemos que dejar de robar por lo menos por dos años”. En resumen, resulta sumamente alarmante la carencia de reacción del oficialismo, que cada vez se encuentra más replegado en su núcleo mas duro, en vez de abrevar en la cantidad de referentes que entienden, también, que el conflicto es “una lucha entre el pueblo y la oligarquía”. Entre ellos se encuentra Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, Central Sindical que ha esperado varios años en vano a que el Gobierno Kirchnerista reconociera su personería gremial, hecho que ha motivado un conflicto de la OIT con la Argentina. La suma de horrores políticos del Kirchnerismo y su negación a interpretar la realidad ha alejado a sus supuestos “amigos” y ha fortalecido a sus enemigos.

Entre estos errores incomprensibles desde la lógica del propio relato oficial, se encuentra la designación de un personaje inescrupuloso, irresponsable e impresentable como Ana María Edwin al frente de una de las usinas de credibilidad del gobierno: el Instituto Nacional de Estadísticas. Las limitaciones técnicas que detenta, no podrían nunca compensar su inalterable lealtad hacia todos los gobiernos de turno en la etapa más difícil que le ha tocado vivir al Instituto en su existencia. La falta de solvencia técnica de dicha funcionaria, solo puede culminar en nuevos escándalos como los que se generan desde el nuevo INDEC con frecuencia semanal, que sigue en caída libre: la Sociedad ya lo percibe como un aguantadero y hace un año y medio que en vez de producir información útil, produce evidencias periódicas de las mentira del Gobierno. En todo el mundo existe la sensación de que los políticos mienten y que las estadísticas son digitadas. Sin embargo, en el caso Argentino, el gobierno ha decidido alentar esa percepción negativa de la Sociedad hasta un punto intolerable. En algún momento se justificaban las críticas al INDEC intervenido como especulaciones electorales. Ya han pasado más de 8 meses de las elecciones y el Gobierno abandonó desde ese momento la mesa de diálogo con los trabajadores que defendieron el prestigio del Instituto durante la nefasta intervención. Existen una innumerable cantidad de motivos para cesar la intervención del INDEC y es dificil encontrar argumentos serios que puedan explicar su continuidad. Son buenas noticias las medidas cautelares dictadas por el poder judicial que reincorporan(1,2) en sus puestos de trabajo a 2 empleadas del IPC que se oponen a la intervención, aunque la causa de fondo, que investiga la manipulación se encuentra sin avances públicos en las manos del juez Canicoba Corral hace más de un año, cuando se allanó el INDEC secuestrándose computadoras y material óptico.
La falta de información pública confiable pone en franca cuestión conceptos delicadísimos como libertad y democracia, que tanto se declaman en estos días de fervorosas luchas dialécticas que incluyen escarches, contra escarches, enfrentamientos de empleados públicos (del INDEC, si) contra manifestantes y un clima generalizado de crispación y violencia.

Mañana se realizarán dos actos multitudinarios, uno del gobierno y otro del “campo” que concentran la atención de la población. Pero la inflación, en silencio y sin descanso, ataca hace muchos meses a los sueldos de todos los trabajadores, impactando peor en los sectores de menores recursos. Arreglar el INDEC no significa, como creyó algún delirante funcionario, arreglar la inflación. Pero es una condición necesaria para poder establecer políticas genuninas. El pueblo Argentino vive hoy una crisis política inentendible, un despilfarro de recursos innecesario. Pero debajo de las batallas mediáticas, los problemas perjudican a los de siempre: la gente común.