Censo Agropecuario

Nos llegó esta carta detallando la preocupante situación del operativo del Censo Nacional Agropecuario:

Señoras y Señores Directores Provinciales de Estadística y Censos:

Este es un llamado, casi un ruego, para lograr que un operativo censal de enorme importancia en las actuales circunstancias del país, como es el Censo Nacional Agropecuario, resguarde los criterios de rigurosidad técnica, seriedad en su organización y desarrollo, y profesionalidad en todos los aspectos que deben conducir su preparación y ejecución. Especialmente el censo debe proteger el criterio básico de los relevamientos estadísticos en el sentido de asegurar el debido resguardo (“secreto estadístico”) sobre la información individual proporcionada y que la misma no será utilizada con fines fiscales de ningún tipo.

Las personas que actualmente están a cargo del INDEC, respondiendo a directivas que tienen finalidades diversas a las que son tradicionales en todos los censos agropecuarios, han decidido lanzar a los censistas a campo el próximo 2 de junio. Ni qué decir sobre las convocatorias y selección de personal, la toma de conocimiento de múltiples cuestiones operativas, la recepción de documentación, las imprescindibles tareas de capacitación y evaluación de censistas, etc., etc., cuando resta poco más de un mes para la fecha comentada.

Aparentemente, el objetivo central no es el censo en sí, por eso la inusitada premura en ponerlo en terreno, sino efectuar un relevamiento de los productores de soja y girasol al efecto de reunir parte de la información necesaria para implementar el sistema de reintegros dispuesto por las Resoluciones 284 y 285 del Ministerio de Economía y Producción, publicadas en el BO del día de la fecha, amén de otras finalidades que se pondrán en evidencia cuando se conozca el formulario específico que adosará la ONCCA y que tendría el carácter de declaración jurada. En otras palabras, se pretende utilizar todos los recursos previstos para el censo con el objeto de montar sobre él la ejecución de un relevamiento con finalidades fiscales, totalmente extraño a un operativo estadístico. Esto no quiere decir que no sea lícito que el Estado realice cualquier compulsa que considere necesaria para reunir información y ejecutar una determinada política. Pero en este caso deberían ser directamente la ONCCA o la AFIP quienes lleven adelante ese relevamiento, sin contaminar gravemente un operativo que tiene finalidades inmediatas exclusivamente estadísticas.

Por otra parte, el lanzamiento del censo es extemporáneo, ya que contraviene la convención del “período de referencia” del 1° de julio del año 2007, en este caso, al 30 de junio de 2008, e incluso la fecha de referencia para registrar las existencias ganaderas, que ha sido establecida en todos los censos y encuestas anteriores, al 30 de junio del año en que se realiza el operativo, y esto es casi una regla. En otros términos, como ustedes saben, para efectuar una medición que resulte comparable y compatible con los censos anteriores, el censo no debería comenzar antes del 1° de julio de 2008.

Más aún, a la fecha que se ha anunciado, todavía muchos agricultores de la región pampeana se encontrarán recolectando la cosecha gruesa, lo mismo que estará ocurriendo en otras regiones en cultivos como el algodón y la caña de azúcar, por ejemplo. Son circunstancias que contribuyen a dificultar la colecta de datos, bien porque los informantes no están disponibles o simplemente porque cierta información aún no estará madura.

Si todo esto no constituyera de por sí un grave conjunto de anomalías, el desatino se completa con la pretensión de comprometer enormes recursos humanos y materiales para lanzar un censo en medio de un conflicto de proporciones pocas veces vistas entre un gobierno y los sujetos sociales de quienes se espera brinden la información de buen grado, no sólo porque tengan obligación legal de hacerlo. En toda etapa pre-censal se realizan tareas de motivación, acercamiento a las instituciones representativas sectoriales, contactos con referentes que tienen predicamento sobre los productores e informantes, campañas de información, difusión y publicidad adecuada, en fin, se trata de construir un ambiente de cierta armonía para lograr la máxima cooperación de todos los involucrados. Hoy la situación es exactamente la opuesta, incluso existe una campaña publicitaria negativa sobre amplios sectores de la actividad agropecuaria. Todo ello, por si fuera poco, en un marco de descrédito del INDEC que no reconoce ningún antecedente. Cabe preguntarse con qué ánimo serán recibidos los censistas, si lo son, por productores, administradores e informantes diversos, directamente o indirectamente involucrados en un operativo de esta naturaleza. El nivel de rechazo puede alcanzar proporciones nunca registradas.

Que estas acciones, de quienes están impulsando un operativo que contraría los criterios que deberían guiarlo, son también contrarias a la racionalidad propia de un organismo que dice de si ser “rector del sistema estadístico nacional”, da cuenta el desplazamiento y confinamiento en una especie de “ghetto”, de más de la mitad del personal técnico de la Dirección de Estadísticas del Sector Primario del INDEC por negarse a colaborar con este engendro o simplemente porque no se los considera “confiables” para los designios de los responsables. Esto incluye la separación de la coordinadora del censo y también de la directora, de toda injerencia en el mismo. Vale señalar que esos ¿responsables? no son precisamente quienes tendrán, valga la redundancia, la responsabilidad directa de ejecutar el operativo, sino que éste recaerá sobre los agentes públicos locales, coordinadores, supervisores y censistas.

Estas líneas no están guiadas por ningún interés político partidario o particular. Nada de eso. Solamente postulan la defensa de las estadísticas públicas y la aplicación de principios elementales de diseño, organización y ejecución de los programas estadísticos, en este caso del CNA’08. Las Directoras y Directores provinciales tienen en sus manos la posibilidad de poner un poco de cordura en esta crítica circunstancia, más allá de la posición política que tengan, planteando con firmeza al menos tres condiciones mínimas:

1. Que se postergue toda salida a campo para después del 30 de junio y en lo posible estas salidas comiencen no antes de fines de julio, cuando van concluyendo las tareas de cosecha y se disipe, si es que ha podido hacerse, la tensa situación actual,

2. Que se excluya todo formulario proveniente de organismos que persiguen la búsqueda de información con fines fiscales porque no compete a las oficinas de estadística recolectar información orientada a dichos fines y, por otra parte, las oficinas de estadística provinciales tienen convenios con el INDEC, no con la ONCCA o la AFIP,

3. Que se constituya una mesa de diálogo con todas las organizaciones del sector agropecuario, no sólo las conocidas cuatro entidades gremiales, universidades, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, etc., para lograr acuerdos y consensos que comprometan un apoyo activo de todas ellas a fin de legitimar ampliamente el censo.