Estructuras demagógicas

Plutocracia (del gr. πλουτοκρατíα, gobierno de los ricos). Preponderancia de los ricos en el gobierno del Estado. Predominio de la clase más rica de un país.


Democracia (del gr. δημοκρατíα). Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

Demagogia (del gr. δημαγωγíα). Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder.

Entre los distintos argumentos que las autoridades intentaron esgrimir para justificar la injustificable destrucción de las estadísticas públicas, y en particular del Índice de Precios al Consumidor, está el pseudo metodológico referido a un supuesto sesgo plutocrático del IPC.





Plutocrática es una de las maneras en que se puede llamar a la forma en que se construyen las estructuras de gastos (es decir, la distribución del gasto total entre distintos grupos de bienes y servicios) que determinan la ponderación con que cada producto participa en el cálculo del índice. Las estructuras “plutocráticas” surgen de sumar el gasto del total de los hogares en cada bien o servicio, y dividirlo por el gasto total del conjunto de los hogares. De esta manera se obtiene una estructura promedio, que representa el peso que cada artículo tiene en el gasto total. El nombre surge del hecho de que, con esta fórmula, los hogares pesan según su nivel de gasto en la estructura promedio. Es decir, mientras más gasta – más rico es - un hogar, más va a incidir su estructura de gastos en la determinación de la estructura promedio.

En este discurso, las estructuras “plutocráticas” aparecen contrapuestas a las estructuras “democráticas”, que consisten en calcular, a nivel de cada hogar, la participación de cada gasto en el total, y luego hacer un promedio del porcentaje que representa cada uno. En este caso, el nivel de gasto de cada hogar no incide en el peso que éste tiene en la determinación de la estructura promedio, por lo que los hogares que menos gastan – los más pobres - estarían mejor representados. Si las estructuras de gasto se calculan de esta manera, el resultado parece mostrar una situación en la que el bienestar de los hogares es menor: mientras más pobre es una sociedad, mayor es el porcentaje del gasto total destinado a alimentos, y menos lo que puede destinar, por ejemplo, a esparcimiento o educación.


Gráfico: Estructuras de gastos de los hogares

Fuente: Elaboración propia en base a ENGH 1996/1997 - INDEC

El “sesgo plutocrático” del que se habla se refiere, entonces, al hecho de que en esas estructuras están mejor representados los hogares que más gastan.

Ambos tipos estructuras son indicadores válidos, que muestran cosas diferentes. Mientras que las estructuras “plutocráticas” indican la forma en que se distribuye el gasto agregado de las familias en una economía, las estructuras “democráticas” son un indicador de las condiciones de vida medias de esos hogares. Si se analizan las diferencias entre ambos, se obtiene una aproximación a la distribución del bienestar. Cuando ambos indicadores difieren mucho, es porque los hogares más ricos pueden gastar mucho más que los hogares más pobres, de manera que su peso relativo cambia significativamente según se sumen los gastos o se promedien los porcentajes de gasto que cada hogar destina a satisfacer diferentes necesidades. Al ser indicadores diferentes, los usos que se les pueden dar son, obviamente, distintos. Por lo tanto la forma en que se calculen las estructuras depende del uso que se les quiera dar.

El IPC es un indicador de la evolución general de los precios, que se utiliza como insumo para las Cuentas Nacionales y como indicador para realizar, entre otras, políticas monetarias (por ejemplo, para decidir cuántos billetes y monedas deben ponerse en circulación para satisfacer las necesidades de efectivo de la economía). Como indicador macroeconómico, debe tener en cuenta las magnitudes agregadas, que dan cuenta del comportamiento de la economía en su conjunto. Es por esa razón, entre otras de orden técnico, que los IPC se calculan, no sólo en Argentina, en base a ponderaciones que surgen de estructuras de gasto “plutocráticas” y esto no significa en absoluto que no se tenga en cuenta lo que ocurre con los hogares más pobres, ya que la situación relativa de los distintos grupos de hogares puede evaluarse, también, a partir de estos índices, como explica un documento de la comisión técnica de ATE-INDEC. Pero no debe olvidarse que el objetivo fundamental del IPC sigue siendo dar cuenta de la evolución de la inflación, y no de las condiciones de vida de la población.

Reemplazar un IPC “plutocrático” por otro “democrático”, no equivale a democratizar el acceso al bienestar, sino a perder un indicador macroeconómico fundamental para el diseño de políticas económicas y sociales, que son las herramientas de las que disponen los gobiernos para incidir en la distribución del ingreso y las posibilidades de consumo de todos los hogares. Pero además, y como dijimos en varias oportunidades, la disponibilidad de más indicadores es bienvenida, mientras esto no implique la pérdida de los indicadores previamente existentes, y mucho menos la destrucción lisa y llana de la credibilidad institucional.

Estos términos técnicos, enunciados de manera irresponsable, sin explicar qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos, y aprovechando la carga valorativa implícita que llevan en su uso vulgar, se están utilizando para engañar y ocultar la torpeza de las acciones autoritarias que se están llevando a cabo en el INDEC hace ya más de un año, y seguir postergando la verdadera discusión metodológica que las autoridades se empecinan en evitar. Es una muestra más de la perversa retórica que busca esconder las desigualdades en argucias estadísticas, ocultando la realidad, de la misma manera que eligieron intervenir un indicador, argumentando que se encontraba desactualizado, para difundir mentiras cuando empezó a devolver resultados incómodos.

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Titanes en el ring

Los últimos días en la Argentina estuvieron marcados por un persistente lockout de los sectores del Agro. El motivo del paro fue el exagerado e injusto, según los representantes de los sectores del campo, aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol, quienes exigen una inmediata revisión de la medida. El paro es apuntalado con piquetes, en los cuales se pueden ver los vehículos que muestran el poder adquisitivo de algunos manifestantes, que ejemplifican algo indudable: el campo está viviendo un período de excepcional crecimiento y las de tierra con cultivos de soja están cubriendo cada vez mayores porcentajes de las áreas rurales.
Sin embargo, el gobierno no parece tener suficiente legitimidad frente a esos sectores, para implementar una medida que parecería ser justa y necesaria: poner a raya los precios internos, desincentivar la tendencia al monocultivo y aumentar la recaudación, controlando la rentabilidad del sector más favorecido por el modelo económico vigente.



La sensación que existe, al contrario de lo que debería esperarse, es que ninguno de los 2 sectores tiene razón ni intención de convencer al otro. O, en todo caso, tienen menos razón de la que carecen. El sector agropecuario en su conjunto está viviendo una etapa de ganancias astronómicas: ¿cuál es la real motivación de una acción tan virulenta? Probablemente los pequeños productores y seguramente el sector ganadero y lácteo (aunque no son víctimas y son, en todo caso, beneficiarios indirectos de la medida) tienen motivos muy palpables para enojarse, pero las quejas y el estilo (el que imitan de los sectores más castigados de la sociedad) parecen estar más relacionadas con la vocación confrontativa del gobierno y su falta de búsqueda de consensos. Y justamente el gobierno es quien tiene la mayor responsabilidad: la falta de transparencia en el manejo de las cuentas públicas, la falta de políticas públicas visibles por parte de la población, el desapego a las soluciones realistas y la excesiva valoración de la relación de poder. En resumen: un estilo de gestión personalista con un marco de pensamiento pobre para atacar los problemas, que abusa de ideas discutibles a la vez que niega (y reprime) toda realidad incómoda para ellos: sean la inflación, los problemas energéticos, la información que brindan las estadísticas públicas, la realidad educativa, etc.
Este gobierno incentiva el conflicto y la polarización de posiciones, y empobrece e impide la discusión y la búsqueda de soluciones negociadas. Someter o ser sometido, es el mensaje que se replica a todo nivel. No hay espacios para las palabras e ideas, sólo queda elegir detrás de qué poderoso nos escondemos. Y la mesa está servida.

En el INDEC las cosas siguen su curso normal (si es que se puede llamar nomal a lo que pasa en torno al conflicto del INDEC), publicando pavadas y con un retiro paulatino de la presencia de matones que habitualmente amenazan los actos de denuncia y de afiches en su interior: luego del lock-out del 27 de febrero, largamente denunciado, las autoridades parecen haber decidido relajar la tensión. Hace más de un año de conflicto y poca gente que pueda aspirar a otro empleo eligiría quedarse en un lugar del nivel de conflicto que se plantea en la irrealidad del instituto, en dónde no someterse plenamente, implica un riesgo al despido.
Probablemente las autoridades se hayan dado cuenta de que en un INDEC como el actual, donde solventes técnicos con años de experiencia que renuncian o son despedidos, son reemplazados por gente de la agencia oficial de empleo del gobierno(sic) (UPCN), sin experiencia ni la mínima formación en estadística, va a ser imposible producir datos estadísticos confiables.
En este contexto, el Ministro Lousteau y el Jefe de Gabinete Fernandez, defienden en público al nuevo IPC, violentando cada vez más los límites de la retórica y la inteligencia humana. Si el ministro dice que hacer un IPC es mucho más difícil de lo que muchos creerían y que todo el ministerio de Economía se encuentra trabajando en el nuevo IPC, por qué prescinden (despidiendo o desplazando) de la gente que más sabe del tema en el país (no por lo complejo, sino por haber trabajado durante AÑOS en la confección del indicador). Es hora de una negociación SERIA con los trabajadores que defienden el prestigio y la historia del Instituto, la expulsión de la intervención, sus colaboradores y la patota que la protege.

En esta Argentina absurda también se conoce la opinión de Eduardo Curia, “asesor espiritual” del Secretario de Comercio Interno, Moreno, quien plantea abiertamente que hay que poner techo a los aumentos de salarios, que los bajos salarios del sector informal no deben preocupar porque “no se negocian” y que con las reservas solo se deben pagar obligaciones de la deuda. Una auténtica proclama (anti) progresista y una invitación al ajuste y a la profundización de la desigualdad del ingreso.

En las elecciones de hace casi 5 meses, el gobierno triunfó en una elección polarizada, gracias al voto masivo en los sectores rurales y a las ciudades pequeñas y perdiendo en las grandes ciudades. Desde aquí sugerimos que la Sociedad exigía cambios. Luego de todo este tiempo, esos cambios no se notan y, peor, se han profundizado las peores prácticas. La conflictividad social no sólo no es evitada, sino que es incentivada. El gobierno, avanza sobre todo, rompe todo, y finalmente, termina siendo el peor enemigo de sí mismo y de la gente que lo votó. ES URGENTE UN CAMBIO REAL.

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Denuncia de los trabajadores por Lock-out de la Dirección del INDEC

El 27 de Febrero, con la presencia de algunos diputados nacionales se desarrolló una conferencia de prensa en la puerta del INDEC. El objetivo de la conferencia de prensa era denunciar las incongruencias de la Dirección del Instituto en la única respuesta sobre la manipulación que se conoce públicamente: la respuesta a una carta del FMI que pide explicaciones sobre el IPC.
Luego de la conferencia de prensa, la Dirección del Instituto cerró las puertas sin dejar ingresar a los trabajadores a sus puestos de trabajo, con la excusa de que adentro había "una patota, esperando para atacar a los trabajadores".

Aquí el PDF de la denuncia


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El default interno

Mucho se habló desde la intervención sobre el dinero que supuestamente se ahorraba el gobierno por cada punto de inflación que no reconocía: una parte importante de la deuda pública Argentina se encuentra indexada por el CER (que no es más que una aplicación del nivel general del IPC). Esta es una de las líneas preferidas para "buscarle un motivo" a la intervención, y consistió en ponerle valor a cada punto de inflación "ahorrado". Aunque ese intento de argumento es muy discutible (falta que alguien analice en detalle si la confianza pérdida (la baja cotización de aquellos bonos, el crecimiento del riesgo país y el alto costo del nuevo endeudamiento) no compensa ya al "dinero ahorrado"), fue utilizado en varias oportunidades por miembros del gobierno. Pero en este artículo nos ocuparemos de otro tema: realizaremos un ejercicio en el cuál estimaremos la otra cara de lo que podría denominarse "default estadístico": cuánto incide en la masa salarial del país cada punto de inflación no reconocido.

Si bien cada gremio negocia sus aumentos y calidad laboral por distintas vías, con el objetivo de cuantificar la pérdida de dinero para el sector asalariado estimaremos cuánto significa cada punto negociado por debajo de la desconocida inflación real de 2007. Para realizar este ejercicio, tomaremos la distribución funcional del ingreso del año 2006 y, a aplicando la proporción al PBI de ese año, calculamos cuánto dinero les correspondió a los trabajadores en el año 2006. Para que en 2007 la masa salarial (salario medio X cantidad de trabajadores) sirva para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en 2006, ésta se tendría que haber incrementado tanto como la inflación real*. Si la recomposición salarial de 2007 se fija en un valor menor, la masa salarial perdería poder adquisitivo en relación a 2006.

El PBI de 2006 fue de 654.439 millones de pesos y la participación de los trabajadores en dicho producto fue del 41.3% según los datos oficiales. Es decir, que estaríamos hablando de una masa salarial de 270.283 millones de pesos. El 1% de tal valor es 2.703 millones de pesos y es el dinero que perdería la clase asalariada en su conjunto por cada punto porcentual de inflación no reconocido en la recomposición salarial promedio del conjunto.

La conclusión de los números es contundente. Cada punto por debajo de la inflación real (La cuál nadie conoce y los técnicos del INDEC estiman entre 22,3% y 26,2%) que se arregle la recomposición salarial del año 2007, implica un volumen de dinero que casi duplica al que no se paga a los "bonistas" (1.620 millones) por cada punto dibujado. Es verdad que a los bonistas no les van a reconocer entre 13,8 pp 17,7 pp y (22.356 y 28.674 millones de pesos respectivamente) en 2007 y difícilmente los gremios acepten aumentos pautados con las estadísticas oficiales como referencia. Pero el objetivo manifiesto del gobierno de "frenar maniobras especulativas", sin embargo, no habrá sido logrado ya que la caída en las cotizaciones de los bonos mejora los rendimientos de los negocios a partir de éstos y crea un clima especialmente propicio para las inversiones especulativas: es difícil "combatir al capital" sin ponerse los pantalones largos; la lucha contra la especulación requiere de instituciones fuertes y activas, no de instituciones obsecuentes e inoperantes. Por el lado de los gremios, si siguieran la pauta de los camioneros de Hugo Moyano y tuvieran su "poder persuasivo" negociando 19,5%, "el robo" a la recuperación de poder adquisitivo del sector asalariado sería entre 2,8 pp y 6,7 pp (7.568 y 18.110 millones de pesos respectivamente).

El gobierno podría argumentar que dar aumentos mayores implica una realimentación del proceso inflacionario. Pero estamos hablando de recuperar poder adquisitivo que los trabajadores tenían en Diciembre de 2006. Para 2008 el panorama es peor, con un "nuevo Indice" que no parece contener sustento metodológico serio, difundido a través de una crítica edición especial de Clarín(1 2 3 4 5 6). Todo indica que la clase trabajadora sería quien termine pagando una importante parte del costo de la manipulación del IPC de 2007, 2008 y... Y es lamentable que un gremio como UPCN sea el que garantice en el "frente interno" esta gigantesca estafa a sus propios afiliados, y al resto de los trabajadores.

Lo curioso de todo esto es que el país está viviendo una bonanza económica de crecimiento sostenido hace varios años, impulsada por la coyuntura externa excepcional, y contando con una cantidad de reservas récord. Es decir, si en una coyuntura como la actual la clase trabajadora tiene que resignar su poder adquisitivo, ¿cuál es el beneficio del crecimiento para los sectores populares? Un momento como el actual debería ser aprovechado para realizar las reformas estructurales que el país requiere, y parece estar dejándose pasar la oportunidad, despilfarrando los recursos en una pelea insensata, sosteniendo un modelo de gestión que no sondea la realidad ni se preocupa por ésta para tomar las decisiones. Estafando a diestra y siniestra, el gobierno parece dirigirse hacia un callejón que se achica cada vez más y corre el riesgo de ser aplastado.

* Esto no significaría que cada trabajador pueda adquirir la misma cantidad de bienes y servicios porque la masa salarial pudo haberse modificado tanto por cambios del salario medio como por fluctuación en la cantidad de trabajadores. Por otro lado, en este ejercicio no se plantea ningún supuesto acerca de la evolución de la distribución funcional del ingreso ni del PBI para el año 2007 ya que no existen datos confiables en este período.

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