martes, 29 de enero de 2008

Un año de lucha

El 29 de enero de 2008 se cumple un año de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos por parte del poder político. Se cumple, también, un año de lucha contra la manipulación de las estadísticas públicas y en defensa de un bien público como es la información que da cuenta de la situación de nuestra sociedad.

La intervención comenzó con la manipulación de uno de los principales indicadores producidos por el Instituto: el Indice de Precios al Consumidor correspondiente al Gran Buenos Aires (IPC). Pero continuó afectando a otros indicadores: primero a aquellos que utilizan al IPC como insumo para su construcción (como el valor de las Líneas de Pobreza e Indigencia y el Producto Bruto Interno), luego se extendió a otros que mostraban las inconsistencias que rápidamente comenzaron a surgir como resultado de la tergiversación del IPC (por ejemplo, el Indice de Precios Mayoristas y el Indice de Precios Implícitos de Supermercados). Finalmente, la manipulación se extendió a prácticamente cualquier indicador cuyos resultados pudieran dar lugar a críticas a la gestión del gobierno, socavando la calidad y la credibilidad de toda la información producida por el Sistema Estadístico Nacional.

La situación de intervención y manipulación se puso de manifiesto de diferentes maneras según el caso:
- La manipulación burda y directa de los resultados
- La introducción de alteraciones metodológicas no justificadas ni informadas
- La publicación de datos producidos por personas no idóneas y sin los controles de calidad habituales
- La publicación incompleta de datos
- La no publicación de datos

Desde el primer día, los trabajadores denunciamos y enfrentamos la intervención y la mentira a la sociedad. Desde el principio, también, la manipulación se dio en el marco de custodias armadas (tanto policial como privada) y agresiones. Frente a la constancia de la denuncia y el eco que ésta encontró en diversos sectores de la sociedad, las autoridades debieron castigar a los trabajadores para poder seguir mintiendo: desplazaron, despidieron, persiguieron y descontaron salarios no sólo a los trabajadores que realizan denuncias públicas, sino también a los que silenciosamente condenan la intervención y apoyan a sus compañeros.

Durante este año, ningún sector de la sociedad apoyó la intervención del gobierno y fueron muchas las voces, tanto desde la oposición como desde sectores afines al gobierno, que se alzaron en contra. Sin embargo, las autoridades parecen todavía dispuestas a destruir uno de los organismos estatales que gozaba de mayor credibilidad en la Sociedad, y con tal de seguir dando “buenas noticias” estadísticas, inundan las páginas vecinas de los diarios con noticias escandalosas. Esta visión cortoplacista, cada vez redunda en una cantidad creciente de problemas cada vez más peligrosos:

- Además de destruir la credibilidad del INDEC y del Sistema Estadístico Nacional, se pone en cuestión la credibilidad del propio gobierno y del mismo Estado (INDEC: el estado del Estado)
- Inexistencia de una medida creíble sobre la evolución del poder adquisitivo de los ingresos para las negociaciones salariales de todos los trabajadores.
- Incertidumbre acerca del valor del dinero.
- Al no conocerse la situación actual, se dificulta la realización de previsiones a futuro desalentando la toma y otorgamiento de créditos y las inversiones en general. Un panorama que empeora con la profundización de la crisis.
- Pérdida irreversible de muchos de los datos correspondientes al año 2007 con consecuencias inestimables no sólo en relación al conocimiento sobre la situación actual de la sociedad argentina, sino también en términos de memoria para el futuro. Pérdida de comparabilidad intertemporal e internacional.
- Los procesos judiciales que utilizan datos del INDEC como referencia (juicios por alimentos, indemnizaciones, etc.) no tienen un valor de referencia confiable.
- Imposibilidad de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas, de manera eficaz y eficiente: política monetaria, fiscal, exterior, social, etc.
- Retroceso en la evolución del Sistema Estadístico y deslegitimación de las estadísticas frente a la sociedad, con la consecuente pérdida de confianza y de colaboración en la provisión de información.
- Pérdida de rigurosidad de la producción académica basada en datos estadísticos oficiales.

A pesar de que el discurso oficial hace referencia a la normalización del INDEC y la elaboración de un nuevo IPC que supere los supuestos problemas que presentaba el vigente hasta diciembre de 2006, los hechos no ratifican esas palabras:

- No se sabe nada sobre el nuevo IPC: quiénes trabajan, cómo va a ser, etc.
- Sigue la lógica de manipulación política de los datos.
- Siguen echando y desplazando trabajadores que denunciaron y fueron testigos.
- Se persigue a los trabajadores con descuentos salariales y amenazas graves (sumarios, prohibición de entrar al edificio, etc.).
- El edificio sigue lleno de personal intimidatorio especialmente contratado para esas funciones.
- Sigue habiendo guardia policial permanente (con escritorio y línea interna propia) en el 3er piso.
- Se condiciona el pase a Resolución 48 (forma de contratación que pretende ser una planta transitoria) a la afiliación a UPCN (gremio que apoya la intervención) y la no participación en el conflicto, discriminando a los afiliados a ATE y, a esta altura, a quienes no son colaboradores explícitos de la intervención.
- No hay ningún plan que guíe las actividades del Instituto y no se difunde información.

Es pública la intención de la Presidenta de dar un perfil institucionalista a su gobierno, complementando la retórica del gobierno saliente: la defensa de los derechos humanos y la estrecha relación con la clase trabajadora. La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología es una muestra de la supuesta transformación del país que propone. Sin embargo, el manejo de la crisis del INDEC es una evidencia que refuta todas estas banderas no sólo dentro del Instituto: se vapulea el conocimiento científico y se privilegia los resultados sobre el rigor metodológico, se presiona a los Sindicatos para que absorban los costos de la manipulación del IPC, se presiona a la Justicia que hace casi un año investiga los hechos, y aún teniendo pruebas, no ha realizado una sola citación a indagatoria. Se persigue a afiliados y delegados sindicales, y no se respetan las leyes laborales, sin que el Ministerio de Trabajo tome posición al respecto.

El conflicto marcó el año 2007 en el país, muchas tapas de diario reflejaron distintas instancias de la crisis. Y sorprendentemente mucha gente sigue asociándola a la coyuntura electoral, cuando a esta altura, la cristalización del proceso de desmantelamiento del Instituto es un problema estructural y cada día se complica más su recomposición. O bien el gobierno no escucha los reclamos, o la Sociedad no se ha manifestado con la contundencia necesaria como para precipitar un viraje en su comportamiento irresponsable. Pero es fundamental que cada uno de nosotros tome posición y se manifieste en defensa de la Estadística Pública como parte de nuestro patrimonio como Sociedad.

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