Siempre es un hecho para celebrar que un presidente electo por la voluntad popular le traspase el mando a otro elegido bajo las pautas de la democracia. Es para destacar, incluso, que la nueva Presidenta haya mostrado su compromiso con las instituciones republicanas y su propia convicción al negarse a votar una ley del oficialismo que permite manejar enormes presupuestos sin rendir cuentas al congreso: la ley de emergencia económica. En esta nueva función, la presidenta deberá enfrentarse con responsabilidades mayores. La crisis del INDEC es uno de los problemas que hereda de la gestión anterior y es una gran oportunidad para mostrar cuán dispuesta está a tomar decisiones que impliquen nuevos rumbos.
Sin embargo el pronóstico no es bueno. En declaraciones a la prensa manifestó en reiteradas oportunidades desconocer la gravedad y las responsabilidades en este conflicto. La tenacidad de los funcionarios que se han empeñado en destruir una Institución prestigiosa con un objetivo desconocido, amerita el replanteo de la calidad de gestión al comienzo de un nuevo mandato.
Como primer paso, es necesario de que la Presidenta se informe acerca de la situación real, tanto previa como actual en el Instituto. Si considera, como expresó en una entrevista después de ser electa, que el error fue no haber hecho público lo que ocurría en el Instituto antes de la intervención, debería comenzar por hacerlos públicos. Sin embargo, debería también reconocer que la intervención, de la manera en que se llevó a cabo, no es medio para solucionar institucionalmente ningún tipo de conflicto. En cuanto a los detalles metodológicos, es obvio que los mandatarios de su jerarquía no tienen por qué conocerlos, pero también está claro que no deben apoyarse en discursos falaces, utilizados para justificar atropellos, para cuestionar instituciones del Estado; las metodologías no son actos de fe, pero lo que las hace útiles es que se las sostenga en el tiempo y se las reemplace con idoneidad y responsabilidad, no dejando que se filtren los intereses económicos y políticos.
Esperamos que sepa reconocer a las personas que creen en las instituciones y defienden un bien público y un derecho de todos como es la información estadística, que ella como jefa de Estado tiene la obligación de proveer.
Sin embargo el pronóstico no es bueno. En declaraciones a la prensa manifestó en reiteradas oportunidades desconocer la gravedad y las responsabilidades en este conflicto. La tenacidad de los funcionarios que se han empeñado en destruir una Institución prestigiosa con un objetivo desconocido, amerita el replanteo de la calidad de gestión al comienzo de un nuevo mandato.
Como primer paso, es necesario de que la Presidenta se informe acerca de la situación real, tanto previa como actual en el Instituto. Si considera, como expresó en una entrevista después de ser electa, que el error fue no haber hecho público lo que ocurría en el Instituto antes de la intervención, debería comenzar por hacerlos públicos. Sin embargo, debería también reconocer que la intervención, de la manera en que se llevó a cabo, no es medio para solucionar institucionalmente ningún tipo de conflicto. En cuanto a los detalles metodológicos, es obvio que los mandatarios de su jerarquía no tienen por qué conocerlos, pero también está claro que no deben apoyarse en discursos falaces, utilizados para justificar atropellos, para cuestionar instituciones del Estado; las metodologías no son actos de fe, pero lo que las hace útiles es que se las sostenga en el tiempo y se las reemplace con idoneidad y responsabilidad, no dejando que se filtren los intereses económicos y políticos.
Esperamos que sepa reconocer a las personas que creen en las instituciones y defienden un bien público y un derecho de todos como es la información estadística, que ella como jefa de Estado tiene la obligación de proveer.
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