CASH. Domingo, 05 de agosto de 2007

La crisis en el indec
El estado del Estado
Por Miguel Angel Forte *

Claves
“El instituto se mantenía, previo a la intervención, en los niveles de credibilidad típicos de cualquier institución similar en el mundo.”“Al alterar el cálculo dentro del aparato del Estado queda lesionada la previsibilidad del Estado ante la sociedad.”“Hacia futuro es de esperar juicios contra el Estado por parte de quienes poseen títulos que ajustan en base al IPC.”“La embestida del Ejecutivo tampoco produjo una reacción de los otros poderes del Estado.”“La legitimidad del Indec corre pareja a la legitimidad del Estado.”
La intervención en el departamento del IPC castiga la credibilidad del Indec, pero, en realidad, el Gobierno está afectando la credibilidad del Estado.
“Los gremios estatales no se abroquelaron en contra de la intervención”, sostiene el especialista Forte.

La crisis del Indec puede resultar paradigmática, si se quiere llevar a cabo un estado del arte acerca del Estado Nacional o de sus restos. A saber:
1. El Poder Ejecutivo interviene la dirección productora del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec y lesiona así la legitimidad de un número, producido por un organismo técnico del Estado, al hacerlo increíble ante la opinión pública.
2. Al hacer no creíble al Indec, hace no creíble al Estado por la vía de la desconfianza de sus cálculos que, como se sabe, constituyen junto a la monopolización de la fuerza en una territorialidad, los fundamentos mismos del Estado moderno y son anteriores a la incorporación en éste de las teorías del derecho.
3. El instituto se mantenía, previo a la intervención, en los niveles de credibilidad típicos de cualquier institución similar en el mundo. En síntesis, no había hasta el momento problemas de legitimidad.
4. Al alterar el cálculo dentro del aparato del Estado queda lesionada la previsibilidad del Estado ante la sociedad.
5. Se crea así, por iniciativa del presidente de la cosa pública, un problema de Estado de consecuencias imprevisibles.
6. En primera instancia, se observa al Poder Ejecutivo llevando a cabo una política destructiva del Estado en consonancia con los noventa, si se toma en cuenta el daño funcional ocasionado al organismo, al presentarlo inservible ante la sociedad, si los números se cambian a voluntad del Presidente, afectando así al mismo tiempo sobre la misma fuente de trabajo del empleado público.
7. Hacia futuro es de esperar también juicios contra el Estado por parte de quienes poseen títulos que ajustan en base, precisamente, al IPC.
8. Al afectar el índice de precios se baja el techo de la negociación salarial. Así, se hace una concesión al capital y como en los noventa el salario es una variable de ajuste.
9. Este caso es paradójico porque se trata de un problema de Estado que no es un problema de Estado porque, al parecer, son los trabajadores movilizados del instituto los últimos burócratas que, en soledad, resisten en asamblea para retrotraer a la institución a diciembre de 2006, momento previo al que el Ejecutivo subvierte la metodología empleada en el IPC.
10. El comportamiento de los últimos burócratas no produce en primera instancia una reacción encadenada en el aparato del Estado, puesta en forma de respuesta activa del conjunto de la burocracia. Sin perjuicio de reconocer el éxito histórico alcanzado en la búsqueda de solidaridad, hacia adentro del Indec, hacia el conjunto del Estado y hacia la sociedad.
11. Lo anterior se debe probablemente a la fisonomía técnica y profesional de los trabajadores del Indec, que no soportarían el papelón corporativo de hacer mal su trabajo y menos por una orden. Situación que haría peligrar no sólo el destino profesional del instituto, sino también el propio. Se trata de un personaje weberiano que cuando actúa precisa confirmar que lo que es obligatorio es al tiempo una máxima de la propia actitud.
12. Si el Poder Ejecutivo obliga a conciliar y volver al trabajo, Ministerio mediante, para hacer mal las cuentas, hasta aquellos que “no pararon nunca” se sentirán mejor en un paro por tiempo indeterminado que al aceptar una versión tan creativa de la cultura del trabajo.
13. La embestida del Ejecutivo tampoco produjo una reacción de los otros poderes del Estado, más allá de las iniciativas individuales en coincidencia con los esfuerzos en la búsqueda de solidaridad por parte de los trabajadores en conflicto.
14. Los gremios estatales no se abroquelaron en contra de la intervención. A saber: UPCN dijo al comienzo del conflicto: “no confundir lo gremial con lo político” anticipando no por previsor, sí por informado, lo que hace algunos días dijo, palabras más, palabras menos, el Ministerio de Trabajo cuando invitó a levantar la huelga. ATE, desde el principio, se manifestó en contra de la intervención aunque, presente griego mediante, un sector apoya la intervención. En tal sentido se fracturó la Junta Interna del organismo hasta llegar a la situación de hoy, en que el sector que lucha contra la intervención es hegemónico en el Indec y es la Junta reconocida con local y todo.
15. ATE aún no nacionalizó el conflicto, es decir no reconoce el problema del Indec como un asunto de Estado. De allí que en asamblea se reitere el pedido por parte de las bases en ese sentido.
16. El nuevo ministro de Economía tampoco reconoce el conflicto como un problema de Estado cuando recomienda el uso de los índices producidos durante la intervención. Contribuye así a agudizar el efecto catarata que ya se produjo en la encuesta permanente de hogares.
17. Un fantasma recorre el índice de precios mayoristas.
18. En síntesis: la credibilidad del Indec es la credibilidad del Estado. La legitimidad del Indec corre pareja a la legitimidad del Estado.
*Ex director de la Carrera de Sociología UBA. Profesor Titular UBA y Flacso.
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