Respuestas

Dados los hechos (la renuncia de Barrios), nos parece ridículo publicar la respuesta a la entrevista que el dio a página12 hace 2 sábados. No porque esté mal el contenido, sino más bien por contestar la cantidad de barbaridades que vertió este personaje que pocos días pudo sostener el complicadísimo rol que quiso jugar. Pero por suerte, este nuevo Ministro de Economía que le pidió la renuncia (o lo echó, directamente) para mostrar reacción ante el primer allanamiento aplaudido y festejado del que tengamos noción, le robó alguno de los ridículos argumentos. Así que nos ahorró trabajo y parte de lo que habíamos preparado lo podemos usar para responderle a él…

Bueno, en realidad algo ya publicamos, incluso: hace unos días, subimos un cuadro interesante que encontramos en la clase pública, donde se ven, a nivel de capítulo, las estructuras de gastos en ambas encuestas de hogares (1996/7, 2004/5). ¿Evidencian cambios profundos en las estructuras de gastos? No. Hace 10 años que se decidió que este año se hacía la nueva base del IPC y es importante realizarla, porque, por ejemplo, ya se realizó la encuesta que demandó 2 años de trabajo, había presupuesto asignado para aquella tarea y siempre es enriquecedor aplicar lo aprendido en una década. Lamentablemente, con todos los problemas que hay en el IPC, esta tarea se encuentra demorada y se está “desarrollando” sin la participación de personas idóneas en el tema. De más está decir que la ausencia de técnicos idóneos atenta seriamente contra la calidad de los resultados, y si tenemos en cuenta las intenciones de encubrir y probablemente perpetuar herramientas de manipulación para el nuevo Indice por parte de las actuales autoridades, este proyecto representa un peligro de largo plazo. Nuestra opinión es que no se debería hacer a menos que se asegure la independencia intelectual de los técnicos y se incorpore a los equipos a quienes poseen la experiencia, además de expertos para los cuales el proyecto presentado en 2006 disponía de presupuesto (aunque la situación actual es harto más complicada).

El ministro propone que la salida es por medio de concursos, en la entrevista que brindó. Para responder a esto, citamos a Jacob Ryten, uno de los especialistas mundiales en IPC, consultor del INDEC para este Indicador durante los últimos años, quien dijo en una entrevista en febrero de este año (No la encontramos, ¿alguien recuerda dónde salió?):
-¿Y quien va a garantizar los concursos? ¿El mismo que ordenó la manipulación?
Los concursos por supuesto que son imprescindibles para la salida a la situación, pero previamente, para empezar a discutir seriamente hay que atacar los elementos que erosionan la credibilidad: tiene que cesar la intervención del Instituto y se tienen que investigar las responsabilidades internas.

Hoy, después de 6 meses de conflicto, el secretario de Comercio Interior habló sobre el INDEC. Deben haberlo obligado a hacerlo, después de haber pasado tanto tiempo callado con el conflicto en la prensa y la justicia. Pero salió a hablar, y dijo... burradas. Sugirió acudir a las listas de precios de las grandes empresas para dar cuenta de la veracidad del Indice oficial. En resumen, declara como prescindente la necesidad de recabar con un procedimiento estadístico los precios a los cuales los consumidores tienen oportunidad de adquirir los productos, a la vez que confía en las listas que le preparan a él las patriotas, generosas y honradas empresas a las que él, es de público conocimiento, presiona y hostiga. Si bien no nos parece mal que confíe en la información que le brindan, porque creemos en el estado de derecho, sus declaraciones son una burla a todos y cada uno los habitantes de este país, que tienen que enfrentarse con la realidad.

Por último, el matrimonio K: Cristina dice que: “alrededor del índice se mueven múltiples intereses y que un punto más o punto menos significa o no un buen negocio para los tenedores de bonos de la deuda (…) Un solo punto de inflación significa 420 millones de dólares más en la deuda externa" y su marido, el presidente, opina lo mismo dando nombres propios a los confabuladores. Esta parece ser la primera “opinión " expresada en los medios sobre la intervención del IPC, de manera indirecta, por parte de CK (o CFK como prefiere). Como al principio de la crisis, cuando las autoridades hablaron de “una mafia que calcula la inflación” que en cohecho con sectores financieros, “inflaban” el Indice. Esto es a priori verosímil y es convincente, pero, un detalle: ¿es verdad? NO. ¿Por qué? Porque se calculaba siempre en base a una misma metodología pública y consensuada con expertos de distintos organismos especializados y era implementada por un grupo de técnicos de carrera, de la misma forma desde el comienzo de su vida útil (1999). Además, si realmente hubieran tenido pruebas creíbles de tamaña acusación, ¿no hubiera sido más rentable, institucional, política y electoralmente, instruir una investigación Judicial? Estaríamos hablando de una enorme estafa multimillonaria como para necesitar de artimañas represivas como policías de civil, aprietes a ciudadanos, hostigamiento y amenazas públicas. El IPC no es una herramienta para indexar bonos. Es el estimador de la inflación. Si se rompe, se modifican las rentabilidades de los bonos por una decisión que nada tiene que ver con el estudio estadístico. Tiene además otras consecuencias directas que afectan a mucha más gente: al asalariado le hace perder la noción de su poder adquisitivo, se intoxican las estadísticas de pobreza e indigencia; en general no se puede valuar el dinero. Hay otras consecuencias que son inestimables en términos de credibilidad Institucional y que pueden necesitar muchos años para revertirse.
Pero también hay quienes están interesados en que el Indice sea bajo: menor inflación, menor pobreza… demagogia electoralista. Entonces, la sátira del presidente pidiéndole a los jueces que “también” investiguen a los grupos que especulan para que la inflación sea alta… Tenemos varias reflexiones con respecto a esto:

• El presidente, al reconocer semejantes presiones sobre el Instituto y su vulnerabilidad, reconoce su propia negligencia al no haber solucionado (y empeorado) estos problemas descriptos largamente en este espacio. Un presupuesto despreciable con respecto a su rol fiscalizador de la realidad. Y los trabajadores, con dignidad y orgullo defienden a la Institución y su prestigio, a la vez que pelean por sus reivindicaciones de años.
• Una de las consecuencias inmediatas de que no exista un Indicador creíble de Inflación es que los actores económicos la sobreestimen por precaución, para no arriesgar capital: una espiral inflacionaria causada directamente por la acción de gobierno, favoreciendo a los sectores financieros “que conspiran”.
• Otros bonos que existen se ajustan por PBI. Pero para el gobierno sigue siendo beneficioso que el PBI sea alto… Así que nunca cuestionó que el número final del PBI lo calcule el DN Fernando Cerro, a partir de distintos datos de su Dirección que consolida él mismo. Por el contrario, el IPC se calculaba a través de un sistema informático prácticamente cerrado desde el ingreso de datos hasta la emisión del comunicado de prensa.
• Gran parte de los bonos ajustados por CER fueron emitidos por este mismo Gobierno, y en vez de hacerse responsable por las decisiones que tomó en su momento, abusa de la fuerza del Estado para intentar subordinar las decisiones (técnicas, éticas, jurídicas) de los individuos en función de su obtusa interpretación política de la realidad.
  

Si bien la intervención irracional del gobierno sobre el INDEC alineó intereses antagónicos (los cuales incluyen a sectores financieros), los que nos preocupan profundamente son los de la gran mayoría del país: los trabajadores que no disponen de información fidedigna para su negociación salarial, los sectores de bajos ingresos cuya situación de pobreza y/o indigencia no puede diagnosticarse y la sociedad en general que está perdiendo una herramienta institucional indispensable, pérdida que repercute profundamente en su derecho básico de acceso a la información.

A esta altura, está claro que el gobierno no se benefició con la medida y que manteniendo su actitud obstinada no hace más que levantar una pesa que inevitablemente caerá. Es urgente que el gobierno abra el diálogo, cese el hostigamiento a los técnicos solventes y desplace a los responsables y cómplices de este atropello.