Las oficinas de estadísticas públicas tienen un activo que se destaca. No es el capital físico, ni sus sistemas de cómputos ni es el capital humano: el mayor patrimonio que posee un ente productor de estadísticas es la credibilidad. La credibilidad es un recurso no monetario que se genera y acumula a partir de la sinergia entre diversos actores: la misma oficina, sus funcionarios y empleados, las metodologías y la información estadística producida, la sociedad, los usuarios no-gubernamentales (investigadores, periodistas, sindicatos, organizaciones sociales, ONGs, etc.), otros institutos y organismos internacionales, la Legislación, el Estado, el Gobierno. Cada actor puede tener una distinta evaluación de la credibilidad tanto del proceso de generación de datos estadísticos como de los demás actores.
Algunas de las funciones específicas en el proceso de construcción de credibilidad son las siguientes:
- La oficina: La oficina de estadísticas lidera y garantiza el proceso de construcción de credibilidad. Su función es la generación tanto de información estadística como de credibilidad. La información estadística producida solo tendrá valor si es generada a través de un proceso creíble.
- Los funcionarios: Sus funcionarios son encargados de administrar los presupuestos y definir los programas, de manera de potenciarlos para maximizar las necesidades de los distintos usuarios.
- Los empleados: son los encargados de diseñar. implementar y aplicar las metodologías. Mientras mejor capacitados estén, mayor sea su seguridad en el empleo y más transparentes los procesos de selección, más aportarán al proceso de construcción de credibilidad.
- Las metodologías: las metodologías son la garantía de la calidad de las mediciones. Deben intentar medir de la mejor manera posible y ser públicas para permitir la evaluación crítica de la calidad de la información producida.
- La Información estadística: Cuando la información producida es consistente y satisface los requerimientos de los usuarios, mejora su credibilidad y aporta a la credibilidad de todo el proceso.
- La Sociedad: aporta a este proceso la calidad de respuesta que brinda a la oficina de estadística. Mientras mayor sea la credibilidad del proceso de generación estadístico, mejor será la calidad de la respuesta de la Sociedad, que a su vez redundará en una mejor calidad de los Indicadores.
- Los usuarios: analizan los datos producidos por el Instituto, los interpretan y utilizan para contrastar hipótesis.
Otros Institutos de Estadísticas y Organismos internacionales: comparan las experiencias de distintas sociedades y promueven el perfeccionamiento de las metodologías. - La legislación: provee normas que promueven la credibilidad del proceso: mientras que garantiza la confidencialidad de los datos brindados por los informantes, proporciona las herramientas para que la oficina de estadísticas obtenga muestras representativas e insesgadas.
- El Estado: para garantizar la aplicación de políticas públicas debe proveer de condiciones prespuestarias, jurídicas y de recursos humanos para satisfacer las necesidades de la oficina de estadísticas y los distintos usuarios. Es-probablemente- el usuario más importante de las estadísticas que utiliza para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que apuntan a transformar la realidad.
- El Gobierno: toma decisiones sobre la aplicación de políticas. En este sentido debe ser parte del proceso de discusión metodológica para mejorar el Sistema Estadístico.
Si bien no es estrictamente necesario que todos los actores cumplan su rol con el mismo nivel de compromiso, es de esperarse que deterioros en el cumplimiento de funciones de alguno afecten a la credibilidad que tienen ellos mismos, los demás actores y el proceso entero. Por ejemplo: cuando la sinergia funciona, el proceso de elaboración de estadísticas podría ser creíble, sin que las metodologías sean de la mejor calidad. Sin embargo, cuando distintos actores empiezan a perder credibilidad, en el corto plazo es esperable que el proceso entero se desmorone, y el proceso podría carecer de credibilidad aunque las metodologías aplicadas fueran las mejores internacionalmente.
Este desmoronamiento del proceso de credibilidad es lo que ha ocurrido a partir de la intervención del INDEC en 2007. Desde que el gobierno deliberadamente atacó las bases de la credibilidad del IPC, rápidamente se comenzaron a violentar prácticamente las funciones de todos los actores en este proceso. Lamentablemente, el gobierno parece ignorar lo delicado de este complejo mecanismo y pretende reconstruir credibilidad sin atacar los principales focos que atentan contra ella. Concentrados en el escenario mediático, escinden la credibilidad del Instituto del proceso que la genera e intentan recuperarla a través de la proliferación de declaraciones poco sólidas por parte de los funcionarios. Si bien los medios pueden aportar a la construcción de credibilidad, no la generan por sí mismos. En la medida en que la información que transmiten no sea creíble para los distintos actores, no aportarán al proceso. Estas declaraciones, lejos de aportar a la recuperación de confianza, atentan en su contra, profundizando la crisis. La realidad es que hasta hoy no existe voluntad de reestablecer el proceso de generación de credibilidad por parte de las autoridades: mientras se desmantela el Instituto, se nombran funcionarios no idóneos, se contrata a 200 empleados innecesarios y sin capacitación, se falsean las metodologías, se alteran publicaciones a último momento, no se da respuesta a las necesidades de los usuarios ni de otros institutos y organismos internacionales, no se respeta a la legislación y se desprestigian las instituciones del estado, también se castiga y amenaza a los empleados y funcionarios honestos y se los desprestigia a través acusaciones infundadas que no se canalizan a través de las vías institucionales.
Evidentemente el gobierno ha evaluado que el control arbitrario sobre la producción de estadísticas públicas amerita la destrucción de la credibilidad institucional. De otro modo es difícil de comprender el derrotero masoquista de las autoridades en que ha consistido la crisis del Instituto que pronto cumplirá un año. Sin embargo, a pesar de toda la destrucción, cada vez es más urgente que se avance hacia una solución que atienda la complejidad del problema. Hoy, por el contrario, la intención parece ser desprestigiar de manera irresponsable la historia del Instituto. No se procura reconstruir el proceso genuino y se presentan argumentos insuficientes, ni siquiera probados ni conducidos institucionalmente, confirmando el peligroso camino pírrico con destino incierto.
La credibilidad no se importa de EEUU, no se compra con miles de millones de reservas, con discursos populistas ni con campañas mediáticas: la confianza se puede reconstruir, muy lentamente, recomponiendo los componentes del sistema que aún gozan de salud: usuarios, empleados del Instituto y otros actores sociales que hace meses manifiestan de todas las formas posibles lo aberrante de la manipulación. La aplicación de metodologías vigentes hasta la intervención, y el reestablecimiento de los canales habituales de discusión y evaluación debe ir acompañado del fortalecimiento institucional a través de una mayor estabilidad laboral y autonomía.
El desarrollo del nuevo Indice de Precios al Consumidor es una oportunidad para cambiar el rumbo y comenzar el costoso camino hacia la recuperación genuina de credibilidad. De no aprovecharse, y reformularse la metodología en este contexto de intervención, se comprometerá la credibilidad del Indice -y del Instituto- en toda su vida útil, aún en el caso en que en algún momento futuro se avance hacia una recomposición legítima del proceso.
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