Número 2

Buenos Aires, 10 de abril de 2007 .
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS ARGENTINA-2
En las últimas semanas se conoció públicamente el mal funcionamiento de un radar organizador del tráfico aéreo alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que estos hechos pueden servir de analogía para dar cuenta de la situación generada a partir de la intervención del INDEC a la ciudadanía. En el caso de la crisis provocada por el radar, en lugar de asumirse públicamente el problema y adoptarse los mecanismos de emergencia pertinentes, se optó por negar la existencia del inconveniente. En el caso de la manipulación de las estadísticas públicas, al renunciar a tener indicadores fiables de la marcha de la economía, el gobierno está decidiendo manejar la política económica “sin radar”.
Aquí la actitud gubernamental es muy grave, porque la destrucción del instrumento de medición fue consecuencia de una decisión explícita de sus funcionarios, con el agravante de que esto aún no fue reconocido públicamente. Si bien las potenciales consecuencias no son tan dramáticas en lo inmediato, ya que no implicaría ninguna muerte directa, sí son gravísimas porque se oculta la condición real del país y sus ciudadanos, y esto significa renunciar a la posibilidad de instrumentar con eficacia medidas para mejorarla.
Los efectos de la intervención en el INDEC se han profundizado en el mes de marzo. Esto significa que los índices se siguen calculando con “metodedologías” ad hoc, con el único objetivo de obtener un indicador de inflación lo más bajo posible. Con el correr de los meses, los sucesivos retoques implican la acumulación de variaciones que no se reflejan en el índice. En consecuencia, hay que recurrir cada vez a más modificaciones mayores para llegar al resultado buscado. Las presiones sobre los trabajadores son cada vez mayores y más abiertas puertas adentro, a la vez que siguen siendo negadas u omitidas por los responsables institucionales, profundizando el clima de intimidación.
Entre las situaciones que se viven cotidianamente enumeramos algunas:

• Discursos con contenido político por parte de la interventora, disfrazados de instrucciones técnicas acerca del operativo de relevamiento, absolutamente incompatibles con el cargo de directora que ocupa en la actualidad y en general con cualquiera dentro del instituto.
• Asignación de puestos claves del operativo (coordinación de operativos especiales y relevamiento de alquileres) a personas sin experiencia ni idoneidad probada.
• Cambios no especificados, ni documentados, ni discutidos en el método de cálculo del índice.
• Existen denuncias de visitas de representantes de la Secretaría de Comercio a informantes del operativo. Teniendo en cuenta que colaboradores de la interventora fotocopiaron formularios de relevamiento que permiten identificar a los informantes, esto podría implicar una evidencia de violación al secreto estadístico.

La consolidación de esta situación sin precedentes en la historia del Instituto se consiguió con la anuencia de los directores nacionales (máximo cargo técnico del instituto) que no tuvieron hasta ahora ninguna actitud de condena, justificación y/o solidaridad con el sector afectado, avalando implícitamente, en nombre del Instituto, las publicaciones de indicadores que los trabajadores públicamente denunciaron como adulteradas. Creemos que la impunidad con la que se llevó a cabo la intervención y la naturalización de la manipulación de los indicadores, socavaron la credibilidad y el prestigio del Instituto lograda con muchos años de esfuerzo y trabajo. Las diversas desprolijidades en la publicación de los números sucedidas desde febrero, como así las declaraciones incluyendo intimidaciones e injurias abiertas, son muestra de la irresponsabilidad y negligencia con que se condujo la intervención.
Es bueno aclarar que hasta el momento no se criticó la capacidad técnica de los trabajadores del INDEC. De hecho, las únicas voces de crítica que se escucharon fueron por parte del gobierno- a veces, a través de trascendidos- y apuntaron a cuestionamientos ideológicos absolutamente infundados, insultos abiertos, y en general, cuestionamientos públicos y agraviantes acerca de la honestidad intelectual de los técnicos, manifestando un alto grado de violencia verbal. Violencia especialmente preocupante, teniendo en cuenta que proviene de los responsables máximos de la seguridad interior de la Nación. También contribuye a la tergiversación sobre la naturaleza del problema, el hecho de que constantemente se estén difundiendo posibles valores del índice estimados de manera dudosa y no carentes de intención y subjetividades, permitiendo que se instale la idea de que mientras más alto el IPC, menos fraguado estaría y viceversa. Esta formidable manipulación del IPC, produce una falsa percepción en la ciudadanía acerca de la complejidad que existe detrás de su elaboración: es un operativo ejecutado por más de 100 personas que trabajan diariamente en la recolección de alrededor de 100.000 precios al mes, en una muestra determinada y cuidadosamente actualizada. Estos datos se analizan y procesan para obtener diversos resultados, cuyo producto más conocido es el indicador IPC-GBA de nivel general, que en los diarios se menciona como “inflación”. Todo el operativo estaba regido hasta diciembre de 2006 por una metodología pública, cotejada internacionalmente. Creemos que la única forma de garantizar la credibilidad y confiabilidad de un indicador de inflación es a través de la aplicación de la metodología vigente hasta diciembre de 2006 e instamos a que los diversos actores que manifestaron públicamente su desconfianza sobre los índices publicados exijan el cese de la intervención y el recálculo desde enero de 2007 con la metodología comparable, garantizado a través de una auditoría internacional-avalada por los trabajadores- que además certifique la calidad de los datos de campo relevados desde la intervención. Nuestra crítica no tiene un origen partidario ni se fundamenta en ningún interés político. Nuestra intención es, como ciudadanos, expresar nuestro repudio ante estos hechos de los cuales somos víctimas y testigos directos y denunciar la falta de garantías institucionales ante un uso desmesurado de poder. Muchos y diversos sectores se manifestaron en contra de esta actitud de las autoridades, y un gobierno que se dice representativo no puede desoír la voluntad manifestada públicamente cuando ésta es expresión de opiniones colectivas. Nuestra posición es en defensa de lo que consideramos patrimonio de toda la sociedad: la información pública y el conocimiento y experiencia acumulados puestos al servicio de su producción y, como trabajadores, defendemos además nuestros años de esfuerzo realizado, nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y sobre todo nuestra independencia intelectual.
Invitamos a reflexionar sobre estos acontecimientos, a informarse, a colaborar con su difusión y manifestar públicamente su posición. Además invitamos a participar de la movilización que se realizará el día martes 10 de abril de 2007 al mediodía, desde Julio A. Roca y Perú hacia el Ministerio de Economía.
INDEC de Pie
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