Por primera vez desde hace un año y medio, cuando comenzó la intervención, parece verse un horizonte de salida a la desbocada crisis de las estadísticas públicas. Este horizonte, aunque visible, es incierto ya que las consecuencias de este lamentable proceso, que podrían contarse por años, se agrandan con cada día de dilación.
Como una reacción desesperada frente al inevitable desenlace, la semana nos sorprendió a todos cuando nos enteramos que el local gremial de ATE estaba siendo destruido por una patota. En medio de cobardes amenazas lanzadas a los trabajadores presentes, un grupo de impresentables pretendió generar miedo a quienes siguen denunciando las irregularidades que cometen los interventores que están atrincherados en el INDEC. Es lamentable que no nos haya sorprendido tanto. A la vez, es destacable que, como cada vez que la intervención pretendió generar climas enrarecidos, el apoyo del personal del Instituto se intensificó... Una movilización espontánea se articuló para mostrar que estas tácticas de terror producen un repudio generalizado y no son toleradas ni aún por quienes intentan mantenerse al margen del conflicto. Como es habitual, Nora Cortiñas, brindó inmediatamente su apoyo e intentó dialogar con Edwin. Su reclamo chocó con la irrespetuosidad de Brahim, (sub)director de facto, en un hecho que debería avergonzar a la presidenta, quien constantemente muestra su admiración por la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Brahim explicó que "el problema es la gente que se juntó en la planta baja". Más tarde, en una improvisada conferencia de prensa se difundieron a la comunidad detalles del episodio, y se convocó a una movilización de repudio a la intervención y sus prácticas patoteriles.
Un hecho llamativo, resultó la aparición de una desorbitada persona que se avalanzó sobre las cámaras y a los gritos manifestó que “1500(sic) trabajadores del INDEC apoyaban a la dirección y estos 20 (sic) no dejan de molestar”. Se sabe que para ingresar al INDEC, desde hace 18 meses, es obligatorio un paso previo por la agencia de empleo gubernamental, sin requerirse para el ingreso ningún perfil laboral particular. En el último tiempo, un grupo de allegados a la intervención sin historia en el instituto han copado 300 vacantes disponibles para el mecanismo existente de regularización del empleo público (Res. N°48) . La intervención ha utilizado todo tipo de estrategia de disuasión contra la denuncia, y desde el comienzo se han implementado acciones de discriminación laboral (descuentos de componentes no remunerativos de los salarios, negación de derechos adquiridos, hostigamiento, acoso y despidos) hacia los empleados que buscan defender la calidad de los procesos del Instituto. Un profundo replanteo debería realizarse en el sindicato que prestó colaboración ciega a esta intervención, que tuvo como objetivo el destruir las fuentes genuinas de trabajo de todos los empleados y atenta contra los derechos de la clase trabajadora en su conjunto.
La manifestación al día siguiente fue contundente. Más de 500 personas de adentro y fuera del Instituto mostraron su apoyo a los trabajadores que reclaman que se termine la intervención política sobre el Instituto que debe proporcionar información confiable sobre la realidad Socioeconómica del país. Las adhesiones se multiplicaron. El relato del Secretario General de ATE y director adjunto de la CTA, Pablo Micheli, sobre el secuestro sufrido el fatídico 16 de Junio, cuando Luis D'Elia llamó a "armarse en defensa de la patria", sirvió como prólogo a una grave denuncia: la Presidenta está en conocimiento de la existencia de una patota en el interior del INDEC ya que él mismo la notificó en forma personal hace varios meses. Micheli comentó que tras la mención del accionar de estos grupos, la reunión pasó de cordial a distante. La ausencia de llamados de funcionarios nacionales y provinciales luego del secuestro del líder sindical, dan cuenta de la irresponsabilidad de las autoridades ante hechos que no son admisibles en un contexto democrático.
Así, con pronóstico reservado, se abre una nueva etapa del conflicto. Los reflejos de tantos meses de frustraciones indican que la verdadera reconstrucción del INDEC deberá forzarse con la participación de todos. La intervención ha utilizado los peores métodos para enquistarse en todo el Instituto. Las investigaciones judiciales deberán profundizar, estudiar y penalizar las prácticas que fueron necesarias para sostener la fachada de normalidad que, ingenuamente, las autoridades del Instituto pretenden sostener frente al descrédito absoluto. Es necesario el apoyo de toda la Sociedad (y en particular de quienes se sienten sus referentes) para reconstruir la confianza en un instrumento que debe ser eje indispensable en el diseño, implementación y evaluación de políticas de desarrollo.
El problema no es un funcionario, el problema es que se comprenda la falla grave que implica la intrusión por parte de una dependencia estatal (la secretaría de comercio) sobre la entidad (INDEC) que convalida con su producción (indicadores) la calidad de la gestión de gobierno. Las consecuencias que ha traído ese abuso institucional ha sumergido al país en una crisis de credibilidad absolutamente evitable, cuyos costos definitivos nadie se encuentra en condiciones de evaluar.
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