La implementación de un único índice de precios calculado sobre una canasta restringida y representativa de los sectores populares en reemplazo de un “sistema de precios” vigente que proyectaba ampliarse durante el año 2007 representaría un evidente retroceso en el normal desarrollo de estadísticas de precios seguido hasta el momento, tanto por el INDEC como por las experiencias de los países más desarrollados. Por ende, sería sumamente perjudicial para el desarrollo estadístico del Instituto y para los numerosos usuarios de dicho indicador.
Al respecto, el documento se refiere a dos de las consecuencias importantes que implicaría la adopción de tal estrategia. Por un lado, se perdería el mejor indicador existente para calcular la inflación: un indicador reducido no podría servir para estimar dicho concepto. Por otro, al disminuir la oferta de índices se restringiría notablemente la capacidad para desarrollar estudios específicos, como los de impacto distributivo de los aumentos de precios. Desarrollaremos más extensamente estas cuestiones.
Al respecto, el documento se refiere a dos de las consecuencias importantes que implicaría la adopción de tal estrategia. Por un lado, se perdería el mejor indicador existente para calcular la inflación: un indicador reducido no podría servir para estimar dicho concepto. Por otro, al disminuir la oferta de índices se restringiría notablemente la capacidad para desarrollar estudios específicos, como los de impacto distributivo de los aumentos de precios. Desarrollaremos más extensamente estas cuestiones.
Como primera consecuencia, entonces, se perdería el indicador más representativo de la inflación, debido a que si lo que registra el nuevo indicador es la evolución de los precios de una canasta restringida, no se tendría en cuenta una importantísima proporción del consumo de los hogares. Por ende, los usuarios más importantes de este insumo dejarían de contar con una fuente de información difícil de sustituir, como se ve en los casos que siguen:
• Un índice de precios que no mida la evolución de los precios de todo el consumo de los hogares, no se podría tomar como parámetro para armar un programa monetario. Por ejemplo, si el indicador arrojara un resultado menor a la inflación real, se estaría subestimando el efecto de una política monetaria expansiva. En otras palabras, se pensaría que el margen para emitir moneda sin acelerar la inflación real es mayor, de manera que, de no mediar información de otras fuentes, podría estar acelerándose la inflación aún más, sólo por desconocimiento de la situación real. Lo contrario ocurriría si se diera la inversa: una sobreestimación de la inflación podría convertirse en un freno al crecimiento por escasez de circulante.
• Las cuentas nacionales, que calculan el nivel agregado de actividad, contarían con información parcial y sesgada. No es posible determinar de antemano en qué sentido incidiría un IPC restringido. En cambio, significa la interrupción de fuentes de información o incluso la aplicación de variaciones de precios erróneas a diferentes rubros, lo que podría llevar a una subestimación o sobreestimación de los valores reales.
• La actividad privada también se vería afectada. Los proyectos de inversión que calculen su rentabilidad utilizando un índice de precios diferente al real perderán una base cierta sobre la cual tomar las decisiones, o bien, deberán incluir en su ecuación el costo de recabar información fehaciente por vías privadas.
• Al desconocerse el real incremento de los precios internos, el tipo de cambio real estaría distorsionado y se dificultaría la evaluación de las políticas comerciales.
Como segunda consecuencia, al restringirse el sistema a un único indicador, se perdería información valiosa sobre la manera en que la inflación afecta a los distintos sectores de hogares, y por ende se privaría a los distintos usuarios de una referencia inestimable. Así, por ejemplo:
• En las negociaciones –salariales o de otro tipo– que se realizan a los efectos de mantener el valor (poder de compra), las partes perderán asimismo un criterio sobre el cual acordar. Si bien los acuerdos salariales pueden realizarse sobre distintas bases (no necesariamente el IPC de la canasta promedio, ni los índices desagregados), la variación del IPC es, por lo general, la más tenida en cuenta. Además, no contar con información desagregada por quintiles impediría a las partes tener alternativas al indicador único. Tal como se demostró en el documento, en épocas en que la inflación es empujada por el incremento de precios de los alimentos, como fue el caso del año 2002, los hogares de ingresos bajos sufrieron sus efectos de manera más acentuada que el resto de la población. En el marco de una negociación salarial o por la recomposición de un subsidio, estos sectores hubieran podido solicitar que se les reconstituyera el poder de compra perdido de acuerdo a estos datos oficiales.
• En el marco del análisis de la distribución del ingreso, la inexistencia de información desagregada y el hecho de no contar con un marco de referencia frente al cual compararse, como es el IPC para la canasta promedio, un único indicador de precios perdería toda capacidad analítica cuando se desea conocer el impacto distributivo de los incrementos de precios. Así se pierde una herramienta imprescindible para evaluar la necesidad y el impacto de las políticas redistributivas.
Por otra parte, si lo que se busca es una verdadera mejora en la calidad de la información y recuperar el prestigio del Instituto, entonces antes que restringir la información debe ampliarse su oferta.
• Las cuentas nacionales, que calculan el nivel agregado de actividad, contarían con información parcial y sesgada. No es posible determinar de antemano en qué sentido incidiría un IPC restringido. En cambio, significa la interrupción de fuentes de información o incluso la aplicación de variaciones de precios erróneas a diferentes rubros, lo que podría llevar a una subestimación o sobreestimación de los valores reales.
• La actividad privada también se vería afectada. Los proyectos de inversión que calculen su rentabilidad utilizando un índice de precios diferente al real perderán una base cierta sobre la cual tomar las decisiones, o bien, deberán incluir en su ecuación el costo de recabar información fehaciente por vías privadas.
• Al desconocerse el real incremento de los precios internos, el tipo de cambio real estaría distorsionado y se dificultaría la evaluación de las políticas comerciales.
Como segunda consecuencia, al restringirse el sistema a un único indicador, se perdería información valiosa sobre la manera en que la inflación afecta a los distintos sectores de hogares, y por ende se privaría a los distintos usuarios de una referencia inestimable. Así, por ejemplo:
• En las negociaciones –salariales o de otro tipo– que se realizan a los efectos de mantener el valor (poder de compra), las partes perderán asimismo un criterio sobre el cual acordar. Si bien los acuerdos salariales pueden realizarse sobre distintas bases (no necesariamente el IPC de la canasta promedio, ni los índices desagregados), la variación del IPC es, por lo general, la más tenida en cuenta. Además, no contar con información desagregada por quintiles impediría a las partes tener alternativas al indicador único. Tal como se demostró en el documento, en épocas en que la inflación es empujada por el incremento de precios de los alimentos, como fue el caso del año 2002, los hogares de ingresos bajos sufrieron sus efectos de manera más acentuada que el resto de la población. En el marco de una negociación salarial o por la recomposición de un subsidio, estos sectores hubieran podido solicitar que se les reconstituyera el poder de compra perdido de acuerdo a estos datos oficiales.
• En el marco del análisis de la distribución del ingreso, la inexistencia de información desagregada y el hecho de no contar con un marco de referencia frente al cual compararse, como es el IPC para la canasta promedio, un único indicador de precios perdería toda capacidad analítica cuando se desea conocer el impacto distributivo de los incrementos de precios. Así se pierde una herramienta imprescindible para evaluar la necesidad y el impacto de las políticas redistributivas.
Por otra parte, si lo que se busca es una verdadera mejora en la calidad de la información y recuperar el prestigio del Instituto, entonces antes que restringir la información debe ampliarse su oferta.
• Siempre que se actualiza y perfecciona una metodología, los nuevos indicadores deben complementar a los anteriores, no sustituirlos. Ampliar la base de información supone respeto por los ciudadanos, reconocerlos adultos y libres para elegir.
• Por lo tanto, aprovechando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005 se debería incrementar la diversidad de indicadores de precios y su cobertura –tanto geográfica como de la población de referencia - además de ampliar el sistema estadístico mediante indicadores complementarios en función de las crecientes necesidades que impone la evolución de la situación económica y social, que a medida que se desarrolla se vuelve cada vez más compleja.
• En este sentido el Índice de Precios al Consumidor Nacional debería continuar el proceso de extensión iniciado con la ENGH 1996-1997, incorporando otras regiones y considerarse la posibilidad de construir índices regionales. Actualmente, el IPC Nacional se calcula sobre información recabada en 10 aglomerados, cubriendo el 83,1% del gasto del país. El diseño del Índice debería contemplar que cada aglomerado es parte de estos índices regionales y orientar la asignación de recursos para la elaboración de la mayor cantidad de indicadores.
Es motivo de perplejidad y preocupación el estricto hermetismo con que un grupo de allegados a la intervención del INDEC define la nueva metodología del IPC, al margen de los controles y debate públicos acostumbrados a lo largo de la trayectoria del Instituto, y como es usual en todas las oficinas de estadística del mundo. En este sentido, en torno al “nuevo IPC” que se afirma comenzará a hacerse público en breve, todavía no se especificó su cobertura geográfica, ni la forma en que se determinó la población de referencia para armar una canasta “popular”, ni cómo se seleccionarán las nuevas muestras, ni si se harán cambios en las fórmulas de cálculo, ni ningún otro procedimiento metodológico.
• Por lo tanto, aprovechando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005 se debería incrementar la diversidad de indicadores de precios y su cobertura –tanto geográfica como de la población de referencia - además de ampliar el sistema estadístico mediante indicadores complementarios en función de las crecientes necesidades que impone la evolución de la situación económica y social, que a medida que se desarrolla se vuelve cada vez más compleja.
• En este sentido el Índice de Precios al Consumidor Nacional debería continuar el proceso de extensión iniciado con la ENGH 1996-1997, incorporando otras regiones y considerarse la posibilidad de construir índices regionales. Actualmente, el IPC Nacional se calcula sobre información recabada en 10 aglomerados, cubriendo el 83,1% del gasto del país. El diseño del Índice debería contemplar que cada aglomerado es parte de estos índices regionales y orientar la asignación de recursos para la elaboración de la mayor cantidad de indicadores.
Es motivo de perplejidad y preocupación el estricto hermetismo con que un grupo de allegados a la intervención del INDEC define la nueva metodología del IPC, al margen de los controles y debate públicos acostumbrados a lo largo de la trayectoria del Instituto, y como es usual en todas las oficinas de estadística del mundo. En este sentido, en torno al “nuevo IPC” que se afirma comenzará a hacerse público en breve, todavía no se especificó su cobertura geográfica, ni la forma en que se determinó la población de referencia para armar una canasta “popular”, ni cómo se seleccionarán las nuevas muestras, ni si se harán cambios en las fórmulas de cálculo, ni ningún otro procedimiento metodológico.
Una mirada global al proceso permite concluir que se está tratando de consolidar la maniobra que apunta a contar con indicadores políticos. Si no se detiene la manipulación y el desmantelamiento del INDEC ya no sólo se tendrán datos puntuales falseados, sino que se continuará avanzando hacia un sistema de indicadores que en lugar de reportar verazmente lo que ocurre en la realidad, responda a intereses políticos ajenos a la responsabilidad institucional del INDEC. No se cuestiona que el gobierno, como usuario importante de información, realice requerimientos de nueva información estadística para la formulación de políticas: lo que es inadmisible es que a través de la intervención del organismo se esté afectando la base misma de producción de los indicadores, y el Sistema Estadístico Nacional como tal. Lo que estará falseado entonces no será ya el producto, sino la máquina que lo fabrica.
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